SAN JOSÉ/ACAN-EFE
Un tribunal de Costa Rica suspendió hoy, debido a la presentación de nuevas pruebas, la audiencia preliminar por un caso de supuesta corrupción en el estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), en la que figura como imputado el ex presidente del país Miguel Angel Rodríguez.
La audiencia estaba prevista para realizarse hoy con la lectura de la acusación, pero el Ministerio Público presentó nuevas pruebas, por lo que el tribunal decidió suspender hasta nuevo aviso este trámite.
Eduardo Araya, abogado defensor de Rodríguez, explicó a Acan-Efe que «el Ministerio Público presentó una serie grande de documentos que nadie conocía», por lo que se suspendió la audiencia con el fin de que las partes estudien los nuevos expedientes.
Este caso es conocido como «INS-PWS» y se relaciona con el presunto pago de comisiones a funcionarios públicos costarricenses por parte de la reaseguradora inglesa PWS International.
Según la Fiscalía, la empresa intermediaria de seguros londinense PWS habría llevado a cabo entre 1997 y 2003 pagos por 3,4 millones de dólares a Rodríguez y funcionarios del INS y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Hasta 2005 PWS era la única empresa habilitada para colocar entre reaseguradoras una póliza que cubre todos los bienes del ICE, empresa estatal de telecomunicaciones y electricidad.
También fueron acusadas otras nueve personas, entre ellas el ex presidente del INS Cristóbal Zawadzki.
Es una incógnita para cuándo se reprogramará la audiencia, pues Rodríguez enfrentará a partir del próximo 13 de abril un juicio por otro caso de presunta corrupción en un contrato de líneas telefónicas móviles que el ICE adjudicó a la empresa francesa Alcatel.
Según la Fiscalía, Alcatel pagó 2,5 millones de dólares en comisiones a funcionarios costarricenses, incluido el ex presidente Rodríguez (1998-2002), a cambio de la adjudicación del contrato de telefonía celular en 2000.
Rodríguez será el segundo ex presidente costarricense en ser juzgado, pues en octubre pasado Rafael ngel Calderón (1990-1994) fue condenado a cinco años de prisión por un reparto de comisiones de un contrato de la Caja Costarricense del Seguro Social.
