El miércoles 24 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley popularmente conocida como la ley de moratoria. El día siguiente, me llamó un amigo en un país centroamericano que estaba evaluando la posibilidad de invertir en nuestro país y me dijo que había decidido “parquear” su decisión. Esto se debía a los múltiples problemas que veía en Nicaragua. “Ustedes van de crisis en crisis política, tienen una dictadura in fíeri, inseguridad jurídica, un alto riesgo país y, para colmo, un riesgo con que no había contado”. “¿Cuál es ése?”, le pregunté. “Un riesgo legislativo que no comprendí hasta cuando aprobaron esa ley irresponsable que fomenta la cultura del no pago”.
Después de escuchar su valoración, me quedé analizando qué pasó el miércoles, por qué pasó y sus consecuencias.
Comencemos con las financieras. Es bien sabido que al menos una de ellas, cuyo nombre omitiré, tenía la fama de otorgar créditos a productores en condiciones tan onerosas que parecía interesarle que no le pagaran los prestatarios para quedarse, así, con las garantías leoninas que exigía para otorgar sus préstamos. Esta actitud codiciosa contribuyó a envenenar el ambiente en contra de todas las financieras.
Por otro lado, las financieras no supieron exponer oportunamente su caso a los diputados para evitar la catástrofe del 24 de febrero. No fue hasta un día antes de la votación, por ejemplo, que llegó a hacer “lobby” conmigo un ejecutivo de una financiera. Fue él quien me explicó, por ejemplo, que el costo del dinero para las financieras promediaba más de 10 por ciento y que sus altos gastos administrativos —por atender a clientes micros y pequeños— les hacían imposible prestar al 16 por ciento, a como la ley de moratoria establece. Es más, me demostró con cifras cómo las 19 financieras de Asomif habían pasado de tener una utilidad de C$$200 millones en el año 2007 a una pérdida de más de C$$300 millones en 2009. Este viraje de más de C$$500 millones en tan sólo dos años se debía, en gran parte, a la confusión creada por el movimiento “No Pago”.
Aprendí una cosa más en esta conversación: lo indispensable que son las financieras para los micro y pequeños productores, comerciantes y empresarios rurales y urbanos. Esto lo demuestra su cartera de créditos que supera los C$$4.5 mil millones (aproximadamente US$$215 millones). Con esta ley es ilusorio pensar que las financieras seguirían manteniendo ese nivel de apoyo a los microprestatarios que no son atendidos por los bancos comerciales tradicionales. Como consecuencia, los grandes perdedores de la ley “No Pago” serán los más de 300,000 clientes de micro y pequeños prestatarios que las financieras atienden y que tendrán que recurrir a los usureros o sencillamente prescindir de apoyo financiero.
Algunos podrían argumentar que Produzcamos, el banco de fomento creado por la Asamblea en el 2007, cubrirá sus necesidades. Pero eso no convence. Produzcamos todavía no arranca, y cuando despegue le tomará tiempo montar sus operaciones y una red de atención. Es más, no cuenta con la magnitud de recursos que aportan las financieras.
En visto de lo previo, fue un flaco favor el que el Gobierno y la Asamblea le hicieron a Nicaragua y sus pequeños productores.
¿Por qué culpo al Gobierno? Sencillamente porque fue la Administración Ortega la que posiblemente creó y definitivamente oxigenó al movimiento “No Pago”, a sabiendas que sólo una pequeña minoría de los prestatarios beneficiados por las financieras habían recibido un trato abusivo. Si no hubiera contado con el beneplácito de Daniel Ortega, el movimiento jamás hubiera sitiado a financieras en el Norte, nunca se hubiera atrevido a montar tranques en carreteras y no hubiera podido “tomarse” a la Asamblea Nacional para exigir la aprobación de la ley de moratoria la semana pasada. Sin Daniel Ortega, la cultura del “No Pago” no estaría viva y coleando en Nicaragua.
En vista del desacuerdo con la ley “No Pago” de prácticamente todos los miembros importantes del equipo económico gubernamental, no entiendo cuál fue la dinámica política que resultó en el empujón que le dio el Gobierno a la ley “No Pago” el 24 de febrero a través de sus aliados del ALN. La aprobación de esta ley es una mancha negra en el buen récord que el equipo económico había tenido en su manejo de la economía oficial de Nicaragua. Pone al país en una situación muy delicada con el FMI, que ve esta política con pésimos ojos, y le da un golpe demoledor al clima de inversión en Nicaragua.
¿Será que se ha dado, como me preguntó un amigo, un viraje populista en la política económica del presidente Ortega? ¿O los eventos del 24 de febrero reflejan un corto cirquito, una falta de comunicación, entre los operadores políticos del gobierno y el equipo económico? La reacción del Presidente a la aprobación de la ley en los próximos días y semanas nos dará la respuesta a estas preguntas. Entretanto, algo quedó claro. El Gobierno ha pecado de lo que siempre acusa a la oposición: de contaminar importantes temas económicos con consideraciones políticas.
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