Uno de los aspectos cardinales de la histórica elección del 25 de febrero de 1990, en la cual la Unión Nacional Opositora (UNO) y doña Violeta Barrios de Chamorro derrotaron a Daniel Ortega y al FSLN, fue la composición del Consejo Supremo Electoral como su árbitro y organizador.
Igual que ahora, en aquel tiempo la oposición temía que el régimen de Ortega realizara un gran fraude electoral para robarse las elecciones y seguir a la brava en el poder. Los comandantes sandinistas habían dicho hasta la saciedad, que el poder que ellos habían conquistado con las armas no lo entregarían por medio de las urnas. Ellos creían, como sigue creyendo Daniel Ortega en la actualidad, que el poder político les pertenecía para siempre. Aceptaron la “rifa” de las elecciones, sobre todo para calmar a la comunidad internacional, que estaba cada vez más preocupada e inconforme por la situación de Nicaragua. Las elecciones eran para la comandancia sandinista un recurso táctico para presionar políticamente a la Contra y derrotarla mediante los acuerdos, ya que no la habían podido derrotar en la guerra. Además, los comandantes del FSLN creían que el pueblo los adoraba y los apoyaba masivamente, pensaban que a la oposición sólo la respaldaba una minoría de personas “reaccionarias”, atrasadas ideológicamente y confundidas políticamente.
De todas maneras, previendo el fraude, la oposición demandó como condición para participar en las elecciones, que se permitiera una amplia observación internacional de los comicios, así como reformas a la Ley Electoral y reorganización del Consejo Supremo Electoral a fin de que el FSLN no tuviera el control absoluto sobre este organismo, o para que al menos hubiese en su seno personas que pudieran denunciar las arbitrariedades durante el proceso electoral y, si fuese el caso, el fraude en las propias elecciones.
Nada de eso quería aceptar la dictadura sandinista, pero fue vencida por la presión mancomunada de la oposición cívica, la resistencia armada de la Contra y la comunidad internacional. Así fue que en julio de 1989 la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó el Grupo de Observadores Internacionales , y en agosto la ONU y la OEA integraron la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de las elecciones en Nicaragua. Al mismo tiempo, el gobierno de Daniel Ortega se vio obligado a aceptar que todos los partidos participantes en las elecciones pudieran recibir financiamiento público e internacional; el acceso a los medios de comunicación del Estado para la propaganda opositora; la facilitación de la obtención de la personalidad jurídica de los partidos políticos y una composición más equitativa del Consejo Supremo Electoral, entre otras reformas.
Todo eso era muy importante, pero lo principal fue la garantía de la observación internacional independiente y el cambio parcial en el Consejo Supremo Electoral, que elevó el nivel de confianza del pueblo y de la oposición para la participación en las elecciones del 25 de febrero de 1990.
En realidad, la confianza en la institución electoral es indispensable para la participación ciudadana en las elecciones. La confianza es clave para que las elecciones cumplan su función de mecanismo para la manifestación de la voluntad popular en la formación del poder, mediante la elección periódica de las autoridades supremas de la nación en condiciones de igualdad, transparencia y honestidad.
Para eso el organismo electoral del Estado tiene que ser dirigido por funcionarios competentes, honestos e independientes respecto de los otros poderes del Estado y de los partidos políticos que participan en las elecciones. En el derecho electoral se consignan como garantías democráticas fundamentales, entre otras la prohibición del apoyo directo o indirecto del Estado a cualesquiera de los candidatos o partidos participantes en las elecciones; la irrestricta libertad de organización y movilización política ; el libre acceso a los medios de comunicación y propaganda; la transparencia del proceso electoral en todos sus eslabones; y, sobre todo, la designación de autoridades electorales que sean realmente independientes.
Gracias a esas garantías, el 25 de febrero de 1990 se pudieron realizar elecciones libres y limpias. Y en la actualidad, esas mismas garantías de observación electoral nacional e internacional y de un Consejo Supremo Electoral independiente del Gobierno y de los partidos políticos, son indispensables para que haya otra vez elecciones libres y limpias en Nicaragua.
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