En Nicaragua hemos vivido el cooperativismo desde antes de 1971 cuando se autorizó la primera ley creando la formación del departamento de promoción al cooperativismo, ubicado en el ministerio del trabajo.
Antes de la publicación de aquella ley ya existían en el país algunas cooperativas mayoritariamente de ahorro y crédito, promovidas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y aglutinadas en la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua (Fecacnic), y algunas cooperativas agropecuarias organizadas por el Banco Nacional de Nicaragua mediante el departamento de crédito rural.
Cuando el FSLN tomó el poder en la década perdida, promovió —con intenciones políticas populistas— a casi 3,000 cooperativas, resaltando las cooperativas agrícolas sandinistas cuyo sustento no estaba en los principios de los Pioneros de Rochdale (que son los principios del cooperativismo) sino en los propósitos partidarios. Resultando al final que la mayoría de las cooperativas desapareció se estableció la cultura del no pago (que actualmente está vigorizada) lo que produjo el cierre del programa de crédito rural en marzo de 1988 y posteriormente la quiebra y cierre del Banco Nacional de Nicaragua.
Las exportaciones de Nicaragua, que en 1978 eran de un mil millones de dólares, se vinieron a pique porque bajaron a US $$250.00 millones en 1990. Conforme la nueva ley promovida por los sandinistas en el 2005, se creó el Instituto de Fomento Cooperativo que no fomentó nada. Pero se adjudicó el registro de las cooperativas que antes tenía la Dirección General de Cooperativas (Digecoop) del Ministerio del Trabajo, y la ley permitió que los directivos pudieran permanecer indefinidamente en sus cargos para efectos de control partidario y así vemos que funcionarios están siempre manejando todo el ámbito cooperativo y son partidarios sandinistas. Resulta incongruente y absurdo que el cooperativismo en Nicaragua esté manipulado y controlado por gente partidaria, y que hacen prevalecer esto antes de actuar con ortodoxia dentro del principios y normas del cooperativismo mundial.
Mientras tanto en Costa Rica todo es diferente, democrático y apegado a los principios de los Pioneros de Rochdale. Del año 2000 al 2006, estuvimos viajando a Costa Rica tres veces al año para observar y estudiar la situación cooperativa y el impacto en su economía. El fomento, control y asistencia técnica y crediticia en sus inicios estaba asignado al Banco Nacional de Costa Rica que fue fundado en 1914 y nuestro Banco Nacional fue creado dos años antes, pero la diferencia es que el nuestro vivió 85 años y meses, pues lo quebraron y cerraron en diciembre, 1998, mientras que el Banco Nacional de Costa Rica, sigue funcionando como un auténtico Banco de desarrollo, teniendo oficinas en todo el país, dándole preferencia al cooperativismo.
Luego el control, fomento, financiamiento y asistencia técnica se trasladó al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y atienden todo el espectro cooperativo de Costa Rica, sin inclinaciones políticas pues en dicho instituto hay un departamento de auditoría, que elabora auditajes en las diferentes organizaciones sin cobrarles un solo centavo. Conforme su ley, el Ministerio del Trabajo siempre tiene la facultad de registrar las cooperativas dentro del departamento de organizaciones sociales. Poseen el Centro Nacional de Educación Cooperativa, precisamente para inducir al movimiento hacia una ortodoxia verdadera. También el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) que aglutina a todo el movimiento sin fines políticos y elijen a sus directivos dentro del Infocoop sin inclinarse por partidos políticos.
En Costa Rica no existe la cultura del no pago ni gobierno que la apoye y le dé ánimos. En dicho país también exportaban US$$l,000 en 1978 y en 1990 crecieron hasta US$$4,500, estando actualmente en más de diez mil millones. Tienen un manual de derecho cooperativo costarricense escrito por el cooperativista doctor Ronald Fonseca V., que da envidia leerlo pues nosotros no tenemos nada igual. Qué tristeza provoca esto.
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