Edición Digital
El diario La Nación de Costa Rica en su editorial de hoy señala de faltar a la verdad al embajador de Nicaragua en Perú y otrora ministro del Interior de Nicaragua, que en entrevista con el diario LA PRENSA, calificó a ese diario como enemigo de Nicaragua, por denunciar irregularidades y abusos en la representación diplomática nica en San José.
El editorial titulado “¿Enemigos de Nicaragua?” refiere que la acusación de Borge “es ridícula, pero también comprensible en el marco de la mentalidad autoritaria. La búsqueda de ‘enemigos’ en el extranjero y el llamado a cerrar filas en torno al nacionalismo es un recurso muy socorrido por los gobierno de ese corte cuando sienten amenazada su hegemonía”.
Agrega La Nación que la intención de Borge es desviar la atención sobre “las denuncias de ese medio sobre irregularidades de indudable impacto en la política interna de su país”, como es que los hijos del Presidente Daniel Ortega vivan en la casa del magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral.
“Esa intimidad entre el gobernante y la máxima autoridad electoral resultaría inconveniente aunque ambos estuvieran libres de cuestionamientos por el fraude en las elecciones municipales del 2008, pero las dudas nacidas de aquel proceso agigantan la relevancia de la cercanía familiar de los Ortega y los Rivas”, apunta La Nación.
Para La Nación los anteriores son hechos contra los que “se estrellan los fantasmas conjurados por Borge en auxilio del aquelarre autoritario orteguista” a los que se suman las intenciones reeleccionistas de Ortega que atizan la hoguera y afectan las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses.
“El Embajador, tan locuaz a la hora de fabular conspiraciones, cae en sospechoso silencio cuando se le pide explicar el extraño maridaje entre el Presidente y la máxima autoridad electoral”, apunta el diario costarricense.
Ante la “lacónica” respuesta de Borge sobre el uso de los vehículos de la embajada de Nicaragua por parte de los hijos de Ortega, La Nación señala que “Borge falta a la verdad y es un ejercicio vano pedirle sustentar su falaz afirmación con citas de ley. No existe autorización legal para hacer “lo que les dé la gana” con los vehículos. Ese es un estilo de gobierno implantado por los sandinistas en Nicaragua, pero ningún país democrático tiene por qué permitirles aplicarlo en su territorio”.
“Denunciar el abuso no es un acto de animadversión hacia Nicaragua y su pueblo, también cansado de que la cúpula del Gobierno haga lo que le da la gana”, sentencia La Nación.