La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó una resolución del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, Chontales, que en diciembre pasado había anulado la aprobación del proyecto hidroeléctrico Tumarín, que se construirá en el municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
- Representantes del consorcio compuesto por la empresa Centrales Hidroeléctrica de Centroamérica (CHC), del grupo Quieroz Galvao y Electrobras de Brasil, garantizaron a finales de enero pasado que la ejecución del proyecto hidroeléctrico Tumarín, cuya inversión es de 600 millones de dólares, camina en tiempo y forma, y descartaron además cualquier tropiezo que vaya a afectar su construcción.
Seguimos adelante con mucha confianza. Ya se aprobó el monto total de la obra, que financiarán importantes fuentes de financiamiento como el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), explicó el funcionario de CHC en ese entonces.
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El Tribunal de Juigalpa había dejado sin efecto la aprobación del proyecto y todas las resoluciones aprobadas por el plenario del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS), entre los días 21 y 22 de diciembre de 2009.
Al resolver el recurso de amparo que presentaron tres miembros del CRAAS, el presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, magistrado Francisco Rosales, indicó que revocaron la orden de Juigalpa.
“Se revocó, como efectivamente teníamos que hacerlo, el auto dictado por Juigalpa mandando suspender la decisión del Consejo (de la RAAS). ¿Por qué se hace eso? Número Uno: El Consejo Regional tiene su sede ¿dónde? Bluefields. Los recurridos ¿de dónde son? Bluefields. Los recurrentes ¿de dónde son? De la misma RAAS, Bluefields. Entonces no tenían nada que ir a hacer por razón, jurisdicción territorial, a Juigalpa”, dijo Rosales.
El judicial agregó que los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa se extralimitaron en sus funciones, al mandar a suspender de oficio la aprobación del proyecto hidroeléctrico.
“En este caso no se puede suspender de oficio nada, ¿por qué? Porque está en juego el interés nacional y se necesita que esas concesiones entren precisamente a funcionar para que, en el caso Tumarín, se generen los 300 megavatios que el país necesita desde el punto de vista eléctrico”, dijo Rosales.
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