Una nueva ley migratoria que entrará en vigencia a partir del primero de marzo infunde temor entre los nicaragüenses en condición migratoria irregular, que castiga con una multa de cien dólares mensuales al extranjero que permanezca en el país de forma ilegal.
El temor a ser multados o exponerse a una deportación aumenta principalmente por el desconocimiento de esta ley aprobada el año pasado, pero que en su reglamentación Costa Rica brindará cierta flexibilidad para otorgar permisos de trabajos hasta por un año.
Según el director de Migración, Mario Zamora, explicó que la nueva ley crea la figura del trabajador por cuenta propia en cuanto a trámites migratorios, es decir que el trabajador extranjero ya no depende del patrono para obtener un permiso laboral, sino de las autoridades migratorias.
“Desde el momento en que una persona gestiona su ingreso a Costa Rica, ya no le daremos una visa de turismo, sino una visa de estancia con miras a concretar un contrato de trabajo en Costa Rica. Esa persona cruzará la frontera de manera legal y tendrá 30 días para convertir esa estancia en una estancia laboral”, explicó Zamora.
“A partir de allí esta persona obtiene un permiso de trabajo por un año. Esto redundará no sólo en una mejor defensa de los derechos laborales de los nicaragüenses en Costa Rica, sino que vendrá a cumplir uno de los objetivos de nuestra ley de migración, que es que cada persona extranjera esté en el estatus migratorio que realmente le corresponde”, añadió.
El que no se acoja a estos beneficios, según la nueva ley, se expone a la sanción de los 100 dólares mensuales por estar irregular.
A pesar de estas explicaciones, la mayoría de nicaragüenses desconoce cómo se aplicará en la realidad lo explicado por Zamora.
Según este país, cada año 270 mil nicaragüenses reciben visas de turistas costarricenses, pero en realidad vienen al país a trabajar y la mayoría de ellos regresa a final de año a vacacionar a su terruño.
Para el sociólogo Carlos Sandoval, la nueva ley ha pasado inadvertida, “excepto para personas que hablan siempre sobre el tema. La costarricense no se ha dado cuenta del cambio de la ley ni las implicaciones, a los nicaragüenses creo que les da temor, creen que ahora la han cambiado y es más difícil”.
“Creo que hace falta más información de la ley, una discusión más fina de letra menuda de qué alcances prácticos pueden tener algunas disposiciones, a mí me parece que incrementar las multas aumenta la irregularidad”, añadió Sandoval, quien al igual que Zamora considera que hay muchos nicaragüenses que están interesados en documentarse.
Sin embargo, el sociólogo amplía su crítica a la nueva legislación porque considera que el requisito de inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguridad Social para cotizar, está fuera de razonabilidad porque en el país cada vez crece la morosidad patronal, el empleo informal y que apenas hasta hace cuatro años, el 61 por ciento de la Población Económicamente activa tenía seguro social.
Otro aspecto que critica es que esta nueva ley no tomó en cuenta a los núcleos familiares que desean documentarse, dado que para una familia de cinco miembros por ejemplo— es muy costoso documentarse porque en la actualidad el conjunto de documento y procedimientos para regularizarse cuesta entre 300 y 350 dólares por persona.
Hizo énfasis en que la autenticación de un documento en el consulado costarricense cuesta 40 dólares.
