Javier Vallejos
Hace algún tiempo en un programa de opinión transmitido por televisión, escuché al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirmar que el Poder Judicial se había convertido en un instrumento político al servicio del Frente Sandinista. Dicha declaración causó tal revuelo en la opinión pública que al siguiente día fue el titular de todos los diarios nacionales. Aunque para nadie era un secreto dicha afirmación, el hecho que la divulgara el mismísimo magistrado presidente de la CSJ tenía que estremecernos.
Pero las revelaciones no terminan ahí, la mayoría de magistrados sin rubor alguno aceptan que actúan como bancadas a lo interno de ese poder del Estado. Recordemos las palabras del doctor Rafael Solís, cuando lo primero que expresó después de ser juramentado como magistrado fue: “yo estoy aquí para defender los intereses de mi partido” Me pregunto ¿Quién en Nicaragua después de semejantes declaraciones puede hablar de imparcialidad de la justicia? Lamentable la respuesta obligada es nadie. Tener que aceptar que alguien que enfrenta un proceso judicial, no pueda gozar de un proceso justo y mucho menos de una sentencia apegada a derecho solo porque su tendencia política es diferente a la del partido de gobierno, no solo es aberrante sino que debería ser motivo de repudio por parte de la población en general.
Por lo tanto nadie puede llamarse a engaños, ya que en este sistema politizado ser declarado culpable o inocente, depende únicamente de los intereses de Ortega. Existe un rosario de ejemplos, tan insólitos como repugnantes, tal es el caso del asesino del periodista Carlos Guadamuz, quien habiendo sido condenado, hoy anda libre como si nada hubiese pasado y qué decir de los quiebra bancos, de los narcotraficantes, quienes van a los juzgados únicamente a negociar el precio de su delito, para luego salir con el veredicto de inocencia bajo el brazo. Es por ello que rasgarse las vestiduras o pedirle a cualquier opositor al régimen que se enfrente a la justicia a demostrar su inocencia, es la hipocresía más grande que se puede cometer, cuando de antemano sabemos que en estos casos la sentencia de culpabilidad la recibe el judicial antes de iniciar el juicio.
En estos momentos cuando los diputados tenemos la oportunidad de rescatar la institucionalidad de los poderes del Estado a través de la elección de árbitros verdaderamente imparciales. Ortega desplega su estrategia de chantaje usando su poder judicial, todo por mantener a cualquier precio su “cuota de poder” la que le permitiría seguir avanzando en el sometimiento de nuestro pueblo, el que a diario lucha desesperadamente por sobrevivir en medio de la pobreza y el hambre, padecimientos que han aumentando vertiginosamente en el gobierno orteguista.
Frente a este panorama nuestra obligación es elegir magistrados y contralores que nos puedan garantizar la independencia, imparcialidad que la sociedad nos reclama, esto solo podremos lograrlo si elegimos sin presiones ni chantajes. Escogiendo a quienes sus hojas de vida profesional y moral nos puedan asegurar una actuación digna con apego a la constitución y nuestras leyes. Para poder lograrlo el oficialismo no nos deja otra alternativa más que valernos de una ley de Amnistía, la cual de antemano sabemos que no goza de la aceptación de muchos, así como también puedo asegurarles que tampoco goza de la aprobación total de los posibles amnistiados quienes preferirían demostrar su inocencia ante un tribunal en un proceso justo e imparcial, pero sabemos que esto es imposible con el sistema judicial actual. Es por ello que no existe otra salida real más que la Amnistía, cualquier otra insinuación es simple demagogia u oportunismo político. Para los que no se han dado cuenta, esta amnistía podría ser el último esfuerzo democrático por salvar de una futura guerra civil a nuestro pueblo, el que ya ha derramado demasiada sangre por defender su derecho a vivir en libertad y democracia. Cuando los diputados de las bancadas de oposición podamos votar por dicha ley, también estaremos adquiriendo el compromiso de cumplir a cabalidad con los acuerdos de Metrocentro II, ya no habrá pretextos ni excusas para pactar y quien lo hiciere, tendrá la condena de todo un pueblo.
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