El juez José Luis Araica, quien ha sido acusado por una víctima de violación de estar parcializado a favor del acusado, prefirió no comentar sobre una carta de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se dictamina que asumió de manera ilegal el Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, cuando realizó la audiencia del caso.
Al juez Araica se le pidió dos veces que explicara cómo fue posible que asumiera dicha judicatura sin que la titular, María Concepción Ugarte, previamente haya solicitado autorización a la CSJ.
“En eso yo no tengo comentario, ya lo que dijo la Corte, pues eso ya es un dicho de la Corte y es un hecho de la Secretaría (de la CSJ), sobre eso yo no tengo comentario”, dijo Araica.
El judicial sí tuvo palabras para defenderse de la acusación de estar parcializado que le hace Fátima Hernández, la joven trabajadora de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que fue víctima de violación supuestamente por parte de su ex compañero de labores, Farinton Antonio Reyes Larios.
Hernández ha señalado al juez Araica de no dar la prisión preventiva a Reyes Larios debido a que está influenciado por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien supuestamente es madrina del acusado.
Según la víctima, el juez Araica es asesor legal en el Ministerio de Gobernación (Migob).
“Todo eso es falso”, dice Araica, quien señala que es verdad que fue asesor legal, pero fue en Migración y Extranjería y no en el Migob, y que ya no trabaja allí desde el año 2007.
Asegura que nunca conoció a Farinton Reyes ni tampoco a la ministra Morales, a la que sólo conoce por televisión.
Explicó que la audiencia del caso de la violación fue el pasado viernes 29 de febrero y de casualidad el lunes primero de febrero, a las 8:40 a.m., se dirigió al Ministerio de Gobernación a realizar un embargo salarial y se encontró con Fátima Hernández, quien ahora presume que él trabaja para el Migob.
El juez Araica explicó que no decretó la prisión preventiva contra Reyes Larios porque la acusación de la Fiscalía es contradictoria, y no es contundente en contra del procesado.
Según Araica, las leyes sólo exigen prisión preventiva para casos de lavado de dinero y de narcotráfico, y para los demás delitos hay otras medidas.
“Ellos (víctima y su abogado) creen que la prisión preventiva es una pena anticipada”, dijo Araica, quien criticó que el abogado de Hernández, José Manuel Urbina Lara, no apeló de la decisión judicial.
“La justicia yo la apliqué. ¿Cuál es la justicia que yo apliqué? Admití la acusación, aunque estaba totalmente contradictoria, envié a las partes a juicio y apliqué una medida cautelar, ésa es la justicia que yo apliqué”, dijo Araica.
“El muchacho (Reyes) se presentó voluntariamente a la audiencia. Entonces si a alguien lo acusan de violar a una persona, entonces ya alguien le tiene que dictar una medida cautelar de prisión preventiva como pena anticipada. ¿Vos creés que eso sea justo? La justicia está en mandar a juicio por libertad probatoria”, argumentó.
“Si la justicia es condenar a un acusado, indistintamente quién sea o qué caso sea, sí se llama justicia, es decir darte prisión preventiva a vos porque te acusan de violación, si eso es justicia sin un debido proceso, entonces que no exista ningún procedimiento, que cuando te acusen de violación ya estés condenado y ya venga un juez y te ponga 15 años de prisión”, agregó Araica.
El juez manifestó que una forense de Medicina Legal y una sicóloga del Distrito Cuatro de Policía indican que la víctima podría estar mintiendo.