En su lucha por evitar que su caso quede en la impunidad, la joven que sostiene haber sido violada por Farinton Reyes, compañero de trabajo y funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), se apostó ayer junto a su familiares frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y reclamó justicia ante el Poder Judicial.
Inicialmente se instaló a la entrada de la sede de este poder del Estado, decidida a iniciar una huelga de hambre, después que el juez suplente Segundo de Distrito Penal, José Luis Araica, no considerara declarar prisión preventiva para Reyes, acusado por la Fiscalía. Al final, dijo a LA PRENSA, decidió dar un voto de confianza a las magistradas de la CSJ, que se vieron obligadas a recibirla.
La joven aseguró que el juez suplente se negó a ordenar prisión preventiva contra Reyes, pese a las pruebas presentadas.
La víctima sostiene que el dictamen del Instituto de Medicina Legal, sobre la prueba de ADN, estableció un 99.9 por ciento positivo de que ella fue abusada por Reyes.
Sin embargo, el juez alegó que tanto el dictamen emitido por Medicina Legal como el dela psicóloga del Distrito Cuatro de la Policía “manifestaron que mi versión no era creíble”, dijo la joven.
La muchacha también lamentó que la Fiscalía sólo acusara a Reyes y no a quien ella señala como cómplice del hecho. “Tanto el hechor como el cómplice tienen la misma condena y los dos tenían que ser procesados”, sostuvo la muchacha.
Es por ello que ella reclama de las máximas autoridades del Poder Judicial que nombren a un representante que supervise el desarrollo del juicio oral y público que se celebrará el próximo primero de marzo.
JUEZ ES FUNCIONARIO DE GOBERNACIÓN
El padre de la víctima también reclamó “que había suficientes pruebas para que él dictara prisión preventiva”.
Tras señalar que el judicial que vio el caso “fue sacado” para que él actuara en la causa, “me lo encontré en los pasillos de Gobernación y cuál es mi susto que me doy cuenta que él (el juez suplente) es empleado de Gobernación”, donde trabaja en asesoría legal.
“Qué casualidad que a él lo sacaron sólo para ver este caso”, dijo el padre de la víctima, quien también labora en ese Ministerio.
LA PRENSA intentó conocer la versión del Ministerio de Gobernación, pero la responsable de la oficina de comunicación no fue localizada.
- Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos, Ligia Molina y Yadira Centeno sostuvieron una entrevista con la joven que fue víctima de violación por parte de un compañero de trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
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AGREDIDOS Y APRESADOS
La familia de la joven denunció, además, que tras concluir la audiencia inicial, el pasado viernes, autoridades del Distrito Tres de la Policía, después que ellos fueron agredidos por la familia de Reyes, los detuvieron y llevaron a las celdas policiales.
Según el padre de la víctima, tras esa agresión uno de sus hijos perdió parcialmente la dentadura, y entre los detenidos hasta una niña de cinco años fue llevada a las celdas.
“Los lesionados fuimos nosotros y fuimos a parar a la cárcel”, sostuvo el padre de la víctima, quien comentó que al salir de la audiencia el viernes por la noche, en las inmediaciones de los juzgados, “quisieron secuestrar” a la joven, obligándola a subir a un vehículo, y como no lo permitieron los agredieron.
“Andaban en pandillas en camionetas particulares”, dijo el padre de la víctima.
Al día siguiente, la joven debió ser internada en el Hospital Carlos Roberto Huembes, y mantenida en observación durante medio día. Aún se aprecian moretones en sus brazos.
En su recorrido por conseguir justicia, la víctima acudirá hoy ante los diputados de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, al tiempo que introducirá una queja ante el Consejo de Carrera Judicial, confirmó su abogado, Manuel Urbina Lara.
El abogado acusador dijo que también introducirán hoy una queja ante el Consejo de Carrera Judicial, en contra de la actuación del judicial Araica.
Urbina recordó que en este caso no sólo deben ser tomados en cuenta los dictámenes, sino el testimonio de la víctima, lo que no se ha hecho.
No obstante, Urbina Lara estima “que va a haber justicia” porque el caso se ha tornado una vergüenza, no sólo para las autoridades que en su momento encubrieron el caso, sino para la justicia misma.
A criterio de Urbina Lara, “si no ha sido por la presión pública, estaría archivado el caso”.
Desde un inicio, la joven ultrajada ha denunciado que ha sufrido discriminación en su centro de trabajo, además de amenazas y agresiones físicas en la calle, por haber denunciado el caso.
La muchacha fue ultrajada el 25 de julio pasado, cuando fue invitada a salir por su jefa inmediata, de apellido Guevara, pero al final quedó en poder de su agresor.
Reyes, con la complicidad de otro individuo, de apellido Solórzano, a quien la muchacha acusa de complicidad, la dejó en horas de la madrugada del día siguiente abandonada en una banca frente al Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde la muchacha se despertó ensangrentada y sin poder caminar.
El 6 de septiembre, cuando LA PRENSA abordó a la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, ésta alegó que no había sancionado a ninguno de los dos funcionarios señalados “porque la Policía no los ha detenido. Si la Policía no los detiene, ¿por qué los voy a sancionar?”.
En ese momento trascendió que las autoridades de Gobernación, y de Migración en particular, no adoptaban medidas en contra de Reyes no sólo porque era militante del partido Frente Sandinista, en el Gobierno, sino por ser ahijado de la titular de Gobernación, lo que ha seguido repitiendo la muchacha.
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