MIAMI, EE.UU./ EFE
El Gobierno de Estados Unidos pidió a un juez estadounidense que levante la orden que impide la extradición del ex general Manuel Antonio Noriega a Francia hasta que no concluya su proceso de apelación, confirmó ayer su defensa.
“No sabemos cuándo dictaminará el juez (Paul Huck), pero esperamos que deniegue la petición de Estados Unidos, pendiente de la decisión del Tribunal Supremo” a nuestra moción, dijo a Efe en una conversación telefónica Jon May, abogado de Noriega.
Huck dictaminó en enero de 2008 que Noriega no puede ser extraditado a Francia hasta que concluya su proceso de apelación.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó a finales de enero el último recurso legal de Noriega para impedir su extradición a Francia, aunque dos magistrados, Clarence Thomas y Antonin Scalia, se mostraron en contra de la decisión y señalaron que su caso “debería ser escuchado” en esta estancia judicial, explicó la defensa.
Por ello, May y Frank Rubino, letrados de Noriega, presentarán una “petición de reconsideración” al Tribunal el próximo 19 de febrero para que admita el recurso con el que buscan impedir la extradición de su cliente a Francia, donde está acusado de lavado de dinero.
“El juez no ha dictado (un fallo) todavía, por el momento no ha pasado nada (…) y no creo que pase hasta que el Tribunal Supremo” responda a nuestra moción para escuchar el caso en esa instancia judicial, apuntó May.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos es la última instancia judicial a la que puede acudir Noriega, quien se encuentra preso en una cárcel de Miami y acudió ante esa instancia con el argumento de que, al ser un prisionero de guerra, tienen que enviarlo a Panamá de acuerdo con lo establecido en la Convención de Ginebra, según el bufete de abogados del general.
En Estados Unidos, Noriega fue juzgado por permitir el envío a este país de los embarques de cocaína del desaparecido cártel colombiano de Medellín.
Por ese delito recibió una condena de 40 años de prisión que fue rebajada a 30 años, por haber cumplido cárcel, y luego a 20, por buena conducta, de los que cumplió 17 años en septiembre de 2007.
Francia solicita su extradición tras juzgarlo en 1999 y condenarlo en ausencia a diez años de prisión por el lavado de unos 3.1 millones de dólares.
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