Ayer 21 de enero comenzó oficialmente la campaña electoral para los comicios regionales del Caribe nicaragüense, que deben realizarse el 7 de marzo próximo. Y hoy se conmemora el 43 aniversario de la masacre del 22 de enero de 1967.
Se trata de una coincidencia muy significativa. Primero, porque en lo que se refiere a las elecciones en el Atlántico no hay ninguna garantía —salvo la palabra del Consejo Supremo Electoral, que vale muy poco o nada— de que serán libres, limpias, confiables y representativas de la voluntad popular. Lo que hay es el temor, y entre muchos la certeza, de que esos comicios regionales serán tan fraudulentos como las elecciones municipales de noviembre de 2008. Y segundo, porque la tragedia del 22 de enero de 1967, cuando decenas o centenares de nicaragüenses —la cantidad exacta nunca se pudo saber— murieron ametrallados por la Guardia Nacional en la avenida central de Managua, fue causada precisamente porque en Nicaragua no habían elecciones libres y limpias.
Debido a la impunidad con que se cubrió el fraude realizado por el Consejo Supremo Electoral en noviembre de 2008, no fue posible que para los siguientes comicios, o sea para los regionales del 7 de marzo próximo, se tomaran las medidas indispensables para restaurar la confianza ciudadana en el organismo estatal electoral y en la legitimidad de las elecciones como mecanismo de manifestación de la voluntad popular. La oposición política no hizo todo lo que tenía que haber hecho para rechazar el fraude; la sociedad civil careció de la fuerza necesaria para obligar al régimen orteguista a revertir la falsificación electoral; y la comunidad internacional no quiso ejercer suficiente presión para ayudar decisivamente al pueblo democrático de Nicaragua en esta causa vital. En consecuencia, Daniel Ortega, su partido y su Consejo Supremo Electoral, quedaron con las manos libres para seguir cometiendo fechorías electorales.
Los partidos políticos de oposición que están participando en la campaña electoral del Atlántico, no tienen ninguna garantía de que las elecciones del 7 de marzo serán libres y limpias. Ellos participan más que todo para no perder sus personerías jurídicas y poder participar en los comicios nacionales del próximo año, si acaso es que valdrá la pena participar. En realidad, qué garantía de elecciones libres y limpias va a haber, si quienes contarán los votos serán los mismos que hicieron el fraude de 2008; si la oposición no tiene participación efectiva en los organismos electorales; si el orteguismo ha manipulado la cedulación y ha rechazado a observadores independientes y experimentados; si los recursos del Estado son y serán utilizados para respaldar la campaña electoral oficialista, etc.
Por otra parte, la desconfianza en el Gobierno y en el Consejo Supremo Electoral, que sus titulares se merecen porque ellos mismos la han ganado con sus actuaciones fraudulentas, incrementará la abstención que favorece al orteguismo y por eso es que la alienta. En fin, el siguiente fraude electoral está como pintado en todos sus aspectos y detalles.
Mal que bien, a pesar de sus muchos defectos la institución electoral había venido cumpliendo aceptablemente su función, hasta el fraude en noviembre de 2008. Los ciudadanos opositores, independientes y democráticos en general, tenían confianza en que la participación electoral era el medio apropiado para dirimir los conflictos políticos, para la sustentación del gobierno y para mantener el clima de estabilidad que es indispensable para la convivencia social pacífica.
Pero ahora, como consecuencia del autoritarismo gubernamental resucitado y del fraude electoral de 2008; debido a las maniobras fraudulentas realizadas antes de las elecciones regionales y como resultado de la corrupción e irresponsabilidad que campean en la oposición partidista, no poca gente ha perdido la confianza en las elecciones y muchos más la seguirán perdiendo en lo sucesivo. Y como tendrá que llegar el momento en que la gente, hastiada de tanta inmundicia política se lance masivamente a la calle, si los actuales gobernantes cumplen su amenaza de que harán hasta lo peor y pagarán el precio que sea para no entregar el poder, entonces no es difícil deducir que se está creando el escenario para una repetición —en otras condiciones y con distintas modalidades, pero repetición al fin— de trágicos acontecimientos políticos como el que ocurrió el 22 de enero de 1967.
A menos que de alguna forma se pudiera detener esta carrera de velocidad y sin obstáculos hacia el desastre, en la que el orteguismo está arrastrando al pueblo de Nicaragua.
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