La compraventa del Canal 8 de Televisión es un asunto de legítimo interés público. Se trata del traspaso de propiedad de un medio de comunicación social y los medios son instrumentos indispensables para que los ciudadanos puedan ejercer, en forma activa o pasiva, el derecho a la libertad de expresión e información que es primordial en una sociedad y un Estado básicamente democráticos.
También hay un legítimo interés público en esta compraventa, porque al parecer el comprador está vinculado con el Gobierno y por lo tanto tiene alguna relación directa o indirecta con los fondos estatales. De manera que el adquirente debe demostrar que el dinero que está utilizando para financiar esa transacción comercial le pertenece legalmente, que lo obtuvo de manera honesta, que no procede del erario ni de actividades ilegales de ninguna clase. Y si el comprador no quiere demostrarlo de manera voluntaria, entonces el Estado, por medio de los organismos de control correspondientes debería obligarlo a probar la limpieza de los fondos utilizados para realizar esa transacción comercial.
Cuando el famoso multimillonario de origen australiano Rupert Murdoch, dueño de la poderosa empresa mediática transnacional News Corporation, compró grandes periódicos como The Wall Street Journal de Estados Unidos, sonaron las alarmas por el peligro que esas transacciones podrían implicar para la libertad de expresión e información. El cuestionamiento público fue motivado porque a Murdoch se le atribuye un gran poder político real, en su condición de dueño del imperio mediático internacional que incluye, entre otros grandes medios, a la cadena Fox de televisión. “La exposición mediática que puede dar a sus aliados (y los ataques que puede dirigir a sus adversarios), las contribuciones financieras para campañas políticas en temporada electoral en algunos de los países más poderosos del planeta, los cargos que puede ofrecer a ex funcionarios y los favores que puede intercambiar con el poder político lo convierten en un actor de indudable influencia”, se dijo en una de las muchas críticas públicas a la compra de The Wall Street Journal por Murdoch y News Corporation.
Pero Murdoch no se molestó por eso. Más bien ofreció públicamente sus explicaciones. Aseguró que los periódicos sólo prosperan “por la confianza que proviene de representar los intereses de sus lectores y darles las noticias que son importantes para ellos. Eso significa cubrir las comunidades en las que viven, exponer la corrupción en el gobierno y los negocios, y enfrentarse a los ricos y poderosos”. Y alertó Murdoch que: “La perspectiva de que el gobierno ( ) se involucre directamente en el periodismo comercial debería provocarle escalofríos a cualquiera que se preocupe por la libertad de expresión. Los padres fundadores de EE.UU. sabían que la clave para la independencia era permitir que las empresas prosperaran y sirvieran como contrapeso al poder gubernamental. Cuando ( ) establecieron un nuevo orden, lo construyeron sobre una base resistente: una ciudadanía libre e informada. Ellos comprendieron que un conjunto de ciudadanos informados requería noticias que fueran independientes del gobierno”, explicó Rupert Murdoch.
Ese razonamiento es válido en todo el mundo. Y es lo que ha motivado el gran interés público en la adquisición del Canal 8 por la familia o el círculo de poder del presidente Daniel Ortega, transacción que, para peor, ha sido manejada en el más absoluto y sospechoso misterio. Esto es algo que debe provocar escalofríos a quienes se preocupan por la libertad de expresión, porque la familia gubernamental está acaparando medios de comunicación y es reconocida su intención de suprimir o limitar la libre expresión del pensamiento y la libertad de información.
El régimen de Ortega está violando las normas de libertad de expresión establecidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales “es indispensable la pluralidad de medios, prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”. De manera que no es difícil adivinar, que a partir de ahora el Canal 8 de televisión estará completamente subordinado al régimen orteguista. Y que, por lo tanto, desaparecerá de ese medio de comunicación social el programa independiente del periodista disidente del FSLN, Carlos Fernando Chamorro. Mientras tanto el país sigue avanzando hacia atrás, al restablecimiento y consolidación de la dictadura que tanta sangre, muerte y dolor costó derrocarla y derrotarla dos veces en el siglo pasado.
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