Algunos políticos de oposición critican el sistema de elección —en la Asamblea Nacional— de los magistrados y otros altos funcionarios estatales, porque dicen que los obliga a entenderse con el FSLN para poder elegirlos. Al parecer añoran el anterior sistema, cuando sólo el Presidente de la República podía proponer candidatos para ocupar esos altos cargos y eran elegidos por mayoría simple en el Congreso o la Asamblea Nacional. Pero, ¿acaso no sería peor la situación si ahora sólo Daniel Ortega tuviera derecho de proponer los magistrados y los pudiera elegir sin oposición, con los 47 votos que ya tiene de hecho en la Asamblea?
Como es bien sabido, la reforma constitucional de 1995 estableció el voto calificado del sesenta por ciento, o sea de 56 diputados, para elegir a los magistrados y otros altos funcionarios de elección popular indirecta. De manera que como ningún partido tiene esa cantidad de diputados, es indispensable que el partido de Gobierno y los de la oposición se pongan de acuerdo para que se pueda realizar la elección.
En la época somocista, más exactamente a partir del pacto libero-conservador de 1950 entre los generales Anastasio Somoza García y Emiliano Chamorro, la Constitución establecía que las magistraturas debían repartirse entre los partidos de mayoría y minoría, o sea el liberal y el conservador. Sólo para guardar las apariencias los magistrados eran formalmente elegidos en Cámaras Unidas, o sea de diputados y senadores, pero la regla del reparto bipartidista se acataba como algo sagrado.
Bajo la dictadura sandinista de los años ochenta, en la Constitución de 1987 se cambió el sistema de elección de los magistrados, los cuales serían elegidos por mayoría simple de los diputados a la Asamblea Nacional y escogidos “de ternas propuestas por el Presidente de la República”. Sólo Daniel Ortega podía proponer magistrados. Los diputados se debían limitar a escoger uno de los tres propuestos por el Presidente para cada cargo, que además tenía que ser el que figuraba a la cabeza de cada terna.
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Aquel mecanismo sandinista de nombramiento de los magistrados, autoritario y verticalista, fue abolido durante el primer gobierno del período democrático de los 16 años, por medio de la reforma constitucional de 1995. Desde entonces no sólo el Presidente de la República sino también los diputados pueden presentar listas separadas para cada cargo a elegir. Además, por mandato constitucional las candidaturas se deben consultar con las asociaciones civiles pertinentes, y cada uno de los magistrados tiene que ser elegido con una votación de por lo menos el sesenta por ciento del total de los diputados, o sea 56.
El propósito de los reformadores constitucionales de 1995 —según consta en el Diario de Debates de la Asamblea Nacional de aquella época— era erradicar el sistema somocista, pactista y corrupto, de repartición de las magistraturas entre los dos principales partidos; pero también se pretendía extirpar el mecanismo autoritario y verticalista impuesto por el sandinismo en la Constitución de 1987, según el cual sólo podían ser magistrados de la Corte y el Consejo Supremo Electoral los que fueran propuestos por el dictador Daniel Ortega. Lamentablemente el mecanismo establecido en 1995 no funcionó apropiadamente, no tanto por sus propias inconsistencias sino más bien porque el proceso democrático de Nicaragua se desvió de su curso normal e institucional, porque la cultura democrática nacional es demasiado débil y sobre todo por la venalidad de las cúpulas políticas que restablecieron el pactismo para repartirse los cargos del poder como si éste fuera un botín de corsarios.
Ahora, en las nuevas circunstancias creadas en el país por la pretensión de Daniel Ortega de restaurar la dictadura, ante la oposición y particularmente ante los partidos y corrientes políticas liberales que en conjunto son mayoritarios, se presenta una buena oportunidad de por lo menos mejorar la composición de los poderes del Estado e instituciones cuyos titulares deben ser renovados por la Asamblea Nacional. En la sociedad, en los claustros académicos, en los gremios profesionales, en las asociaciones de juristas y aún en los partidos políticos, hay personas con suficiente capacidad, experiencia y probidad para que con ellos se puedan formar instituciones balanceadas y más decentes. En cambio, cualquier forma de reedición del pacto con el pretexto de que es indispensable entenderse con Ortega y el FSLN, y que a cualquier costo hay que tener —o mantener— posiciones de poder e influencia estatal, sólo le ayudaría a Ortega a seguir avanzando en su plan de pervertir las instituciones democráticas del Estado e imponer una nueva dictadura.
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