Por Edgard E. Murillo
A inicios de los años noventa la estructura de propiedad estatal, instaurada por la revolución, experimentó una desconfiscación que tendría consecuencias negativas tanto para el Estado como para aquellos grupos sociales beneficiarios de los Acuerdos de Concertación Económica y Social. Más de 300 empresas, agrupadas en 22 corporaciones, pronto fueron puestas en fila por la recién creada Cornap para emprender uno de los procesos más cuestionados de los últimos tiempos: la privatización de las empresas del sector público.
En esa época el Gobierno decidió la paralización productiva de todas esas empresas para dar paso a un acelerado proceso de privatización, justificando tal proceder por la supuesta poca rentabilidad de las mismas, un pesado endeudamiento con la banca y la alarma por una eventual competencia “desleal” con el sector privado; ante tales supuestos, industrias de diferentes ramas (textil, madera, calzado, turismo, envases y hasta beneficios de café y tabaco), cuyos patrimonios experimentaron crecimiento mientras las administró el Estado, se fueron en la vorágine de ventas y arriendos con opción de compra, que en el mejor de los casos se convirtieron en deudas morosas a favor del Estado. Desafortunadamente, la ola de privatizaciones que invadió a Latinoamérica, bajo las recomendaciones del Consenso de Washington, encontró en nuestro país una tabla de surf que sólo estaba disponible para audaces “inversionistas” y operadores ligados al poder político. A los trabajadores se les obligó a que se agruparan bajo la figura mercantil de sociedades anónimas, a condición de participar en la compra de un porcentaje de los activos de dichas empresas; esto permitió que fuesen susceptibles a chantajes y presiones de todo tipo para que vendieran sus acciones a través de simples endosos, desnaturalizando de esa manera el espíritu de los Acuerdos de Concertación. Así los trabajadores pasaron de ser socios a desempleados de la noche a la mañana.
Algunos dicen que los sectores sociales beneficiarios no estaban preparados para asumir la dirección de las empresas, obviando el hecho que hubo una total ausencia institucional de políticas de control y seguimiento para garantizar que las industrias ofrecidas en venta contasen con asistencia técnica y facilidades financieras que les permitiera sortear los primeros años de mercado abierto después de años de planificación centralizada. El ímpetu industrial que tenían las referidas empresas, a finales de los años ochenta, fue apagado por una realidad que estuvo prevista por los impulsores de las políticas que desincorporaron los bienes del Estado. Pero el asunto fue más dramático en el sector rural: al cabo de pocos años los campesinos pobres y obreros agrícolas tuvieron que vender su fuerza de trabajo a dueños de nuevo cuño, que supieron usufructuar las necesidades de aquéllos. Fuimos testigos, entonces, de cómo algunas personas le sacaron provecho a la venta de los bienes del Estado, cuando irónicamente esas mismas personas, años atrás, se habían declarado acérrimos críticos de las confiscaciones de 1979.
Hasta la fecha no existe un esfuerzo legislativo que pretenda regular las propiedades adquiridas por los trabajadores, en virtud de los Acuerdos de Concertación. No sabemos si los diputados rebuscarán voluntades para proponer una ley que ampare lo que aún queda de la propiedad de los trabajadores; pero, en todo caso, cualquier ley debería de considerar la declaración de nulidad, en juicio contradictorio, de las transferencias que éstos fueron obligados a efectuar, todo para preservar el interés social de los acuerdos de la materia y las leyes de la propiedad reformada. Un Estado responsable debe preocuparse porque sus decisiones sean cumplidas, y más en aquellos casos en que está de por medio la generación de riquezas y los compromisos con las clases históricamente marginadas, de ahí que este asunto no debe tomarse a la ligera.
El destino de las empresas privatizadas que fueron administradas por el Estado por una década constituye otro capítulo lagrimoso de nuestra historia reciente, por lo que es lícito preguntarnos cómo sería el panorama si las empresas estatales no hubiesen sido enajenadas bajo procedimientos de dudosa transparencia. La respuesta nunca la sabremos, pero sí tenemos la certeza que el Estado no hubiese perdido tanto en términos económicos y la credibilidad social hacia éste se hubiera fortalecido.
El autor es abogado
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
