AIPE.— Manuel Zelaya, el depuesto presidente hondureño, deambula por un oscuro laberinto sin salida. La desesperación lo agobia. Encerrado en la sede de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, suele empezar su día con declaraciones a la prensa que revelan su deterioro anímico. Así anunció que renunciaba a la Presidencia y se lo comunicó en una misiva al mandatario estadounidense, Barack Obama.
Al día siguiente retrocedió, tratando de aclarar que no había renunciado sino que rehusaba ser parte de un arreglo para reinstalarlo. Previamente había declarado letra muerta el acuerdo de Tegucigalpa —del 29 de octubre— pero, acto seguido, exigió su estricto cumplimiento al gobierno transitorio. Algo parecido le sucede con Estados Unidos, amigo un día y enemigo acérrimo el otro.
Su Némesis de turno es hoy la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a quien culpa de haberlo engatusado a firmar el convenio de Tegucigalpa que puso su retorno al poder en manos del Congreso de Honduras. Zelaya incluso declaró a Hillary y a sus subalternos indignos de Abraham Lincoln. Además dice que el citado pacto de Tegucigalpa ahora ampara una confabulación truculenta para justificar tanto al gobierno provisional como a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, que Zelaya las descalificó de antemano, apoyado por el presidente venezolano Hugo Chávez y su fiel Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.
Mientras sus simpatizantes en Honduras se han reducido drásticamente, su círculo de amistades en el exterior también se redujo. Una creciente soledad abruma al ex Presidente, acostumbrado al halago fácil de cortesanos y los aplausos de turbas callejeras. Era en hombros del populacho que planeaba montar un fraude constitucional para perpetuarse en el poder, al estilo chavista.
La crisis política de Honduras pareció encontrar solución a finales de octubre, cuando representantes de Zelaya y del gobierno transitorio acordaron una serie de compromisos que incluían integrar un gobierno provisional de “unidad nacional” y encomendar al Congreso hondureño definir la suerte de Zelaya, previa consulta a la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, algunos medios se apresuraron a difundir la falsa noticia de que el pacto reinstalaba a Zelaya automáticamente. La realidad es que la última palabra la tuvieron los legisladores hondureños.
Estados Unidos, que dio el empuje definitivo al acuerdo, anunció entonces que levantaba las sanciones contra Honduras y que reconocería la legitimidad de las elecciones del 29 de noviembre con o sin Zelaya. Previamente, la Administración de Obama había reiterado, a unísono con otros gobiernos del hemisferio, que el fin de las sanciones y el reconocimiento de los comicios dependían de la restitución presidencial de Zelaya. Sin embargo, plasmado el convenio del 29 de octubre, y ante la crítica de senadores republicanos, el Departamento de Estado cambió de posición y dispuso que los propios hondureños decidieran sobre el retorno a la Presidencia del controversial acólito de Hugo Chávez.
Zelaya contaba con que el Gobierno estadounidense permanecería firme de su lado. Pero el Congreso hondureño no lo reinstaló en la Presidencia. De hecho, los legisladores no se reunieron a discutir el tema sino hasta después de las elecciones del 29 de noviembre y, para entonces, ya había un nuevo gobernante electo democráticamente.
Sin duda, el acuerdo de Tegucigalpa ha deparado un triunfo diplomático al gobierno provisional de Honduras. “Con sólo firmar este acuerdo”, declaró un consejero del presidente interino Roberto Micheletti al servicio noticioso Bloomberg, “ya obtuvimos el reconocimiento de la comunidad internacional para las elecciones”. La implementación del pacto fue supervisada por una “Comisión de Verificación”, cuyos miembros incluyeron a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, y al ex presidente chileno Ricardo Lagos.
El cambio de rumbo de Washington fue alentado por un informe de la Biblioteca Legal del Congreso norteamericano que analizó las circunstancias jurídicas de la destitución de Zelaya. El estudio concluyó que “los poderes Judicial y Legislativo aplicaron la Constitución y las leyes correspondientes en el caso de Zelaya” y “las autoridades de ambas ramas del Gobierno actuaron de forma apegada al Derecho”. La opinión legal precisó, igualmente, que la expulsión de Zelaya a Costa Rica fue inconstitucional, pero que esto por sí solo no lo facultaba a volver como presidente.
El gran perdedor en toda esta historia ha sido obviamente Chávez y, quien ganó fue el pueblo hondureño que ya ve disiparse el peligro despótico que lo amenazaba. © www.aipenet.com
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
