La exitosa celebración de las elecciones de Honduras, el domingo 29 de noviembre, ha sido un clamoroso triunfo del pueblo hondureño, de la democracia en Centroamérica y, por lo tanto, también de Nicaragua.
A pesar de la campaña de intimidación realizada por los partidarios violentos del depuesto ex presidente Manuel Zelaya, reforzados por activistas extranjeros y financiados desde el exterior; y no obstante la amenaza de numerosos gobiernos que se han dejado conducir por Hugo Chávez, Raúl Castro y Daniel Ortega, de que no reconocerán el resultado de las elecciones del domingo pasado, el 61 por ciento de los ciudadanos hondureños con derecho al sufragio ejercieron su derecho al voto.
Esta es una cifra relevante de participación electoral en Honduras, un país de reconocida tradición abstencionista. Basta recordar que en las elecciones de 2005, que ganó el destituido Manuel Zelaya, la participación electoral fue de 45 por ciento, o sea que la abstención fue de 55 por ciento, a pesar de que en aquella ocasión no hubo campaña abstencionista y mucho menos intimidación hasta con actos de terrorismo, para que la gente no fuera a votar, como hicieron en esta ocasión los seguidores de Zelaya. Sin embargo, en las elecciones del domingo pasado el abstencionismo fue derrotado por el pueblo hondureño, que concurrió mayoritariamente a las urnas con una gran conciencia democrática.
También es importante destacar la limpieza de las elecciones hondureñas del 29 de noviembre, de hecho las más transparente de toda la historia electoral de Honduras. Esta vez ocurrió todo lo contrario que en 2005, cuando fueron denunciadas muchas anomalías y una encuesta de CID Gallup, realizada poco después de los comicios, reveló que el 35 por ciento de los ciudadanos estaba convencido de que Manuel Zelaya había resultado electo de manera fraudulenta.
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De manera que la exitosa realización de las elecciones del domingo pasado en Honduras, ha sido una gran derrota para Hugo Chávez, los hermanos Castro y Daniel Ortega, y por lo tanto una victoria muy importante también para el pueblo democrático de Nicaragua. Por eso es comprensible la frustración e iracundia de Daniel Ortega, ante el fracaso de los desesperados esfuerzos que él y los demás gobernantes del Alba hicieron para impedir las elecciones libres del domingo pasado en Honduras y a fin de restaurar a Manuel Zelaya en el poder.
Sin embargo, la amenaza que hizo Daniel Ortega el sábado 28 de noviembre, de que podría dar un golpe de Estado para barrer de una sola vez todos los obstáculos que se interponen a la restauración de su dictadura totalitaria, y que nadie tendría derecho a invocar la Carta Democrática ni a pedir ayuda a la OEA para detenerlo o castigarlo, porque ésta no sirvió para restituir a Manuel Zelaya en el poder, no hay que verla como un simple exabrupto de Ortega provocado por la frustración de su derrota personal en Honduras. Lo que ha hecho Ortega es revelar uno de los aspectos más siniestros de su plan para liquidar a la oposición e imponer una nueva dictadura. El mensaje de Ortega es que si la oposición bloquea la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, así como de los titulares de las demás instituciones del Estado que por mandato constitucional son elegidos por la Asamblea Nacional, él repetiría la operación que hicieron seis de sus magistrados judiciales para anular el Artículo 147 de la Constitución, que le prohíbe una nueva reelección presidencial. O que disolvería la Asamblea Nacional. O que destituiría una parte de los diputados. O que reformaría de hecho la Constitución para cambiar el procedimiento de designación de los magistrados y otros cargos superiores del Estado. En fin, como ya lo había advertido públicamente Tomás Borge, que está dispuesto a hacer hasta lo peor y a pagar el precio que sea para no entregar el poder nunca más.
Por supuesto que no será la OEA la que podrá ni querrá impedir que Daniel Ortega dé un golpe de Estado parcial o total. La democracia nicaragüense podría esperar respaldo de otros organismos internacionales, pero no de la OEA, al menos tal como ésta es manejada por ahora. El pueblo democrático de Nicaragua tiene que salvarse él mismo, por sus propios medios y fuerzas. Nunca como ahora ha tenido tanta validez la vieja frase proverbial de que, sólo el pueblo salva al pueblo.
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