Contrario al fanfarroneado eslogan de campaña prometiendo un gobierno de paz y reconciliación nacional, el proyecto dinástico dictatorial de Ortega avanza con intempestiva rapidez acarreando consigo un ambiente social en donde los nicaragüenses parecen tener tan sólo derecho a un tipo de libertad: aquélla condicionada a no interferir con dicho proyecto. De no hacerlo se sujetan a indeseables y peligrosas represalias oficialistas.
Cualquier actividad, sea de índole política, económica, cultural, social e inclusive religiosa que contraríe los objetivos reeleccionistas de Ortega corre el riesgo de ser “neutralizada” ya sea por resoluciones judiciales sacadas oportunamente por un corrupto sistema judicial, por complacencia policial aparentemente cada vez más el albo del control orteguista, o si necesario, por la propias turbas cuyos abusos y actos de vandalismo son justificados como “comprensible reacción del pueblo a provocaciones inaceptables de los enemigos de la revolución”.
Las señales son inequívocas. En poco menos de tres años Ortega se ha encargado de dejar claro que su proyecto de permanencia indefinida en el poder, ausente de una reacción enérgica y sin temor a represalias por parte de la población, seguirá avanzando implacablemente.
Muchos son los ejemplos de esa “libertad condicional” a la que diariamente viven sometidos los nicaragüenses, pero vale la pena destacar:
- Futbolista argentino que desde el 2005 también es español, 25 años. Delantero del FC Barcelona y Argentina, es considerado el actual mejor jugador del mundo.
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Libertad de concentración y expresión multitudinaria. Ortega permite, a regañadientes, que el pueblo se manifieste en las calles, pero para disuadirlo las turbas orteguistas se encargan de contrarrestarlas usando todo tipo de mecanismos intimidantes. A vista y paciencia de la supuestamente independiente y profesional Policía Nacional, los “soldados” orteguistas utilizan desde ataques verbales hasta agresiones físicas utilizando morteros y armas cortantes. En más de una ocasión la oposición política y la propia sociedad civil han intentado hacerlo y han sufrido lamentables atropellos, con resultados imposibles de imaginarse bajo un gobierno que pretenda llamarse democrático.
Libertad para invertir. Si se trata de realizar proyectos de desarrollo de cualquier índole, inversionistas nacionales o extranjeros están coercidos y condicionados a hacerlo siempre y cuando estén dispuestos a compartir beneficios con los allegados de Ortega y/o de sus propios familiares. Desde el inicio de su Administración se han conocido casos de extorsión a capitales de inversión interesados en llevar a cabo proyectos de enorme importancia turística, industrial o energética. Oponerse a ello le significó a algunos de ellos tener que abandonar el país dejando atrás costosas inversiones y un sinnúmero de personas desempleadas.
Libertad de prensa. Si bien aún sin censura oficial, los medios de prensa críticos al Gobierno se ven constantemente amenazados por deleznables represalias judiciales contra sus directores, columnistas y periodistas. Medios independientes son ahogados económicamente negándoles cualquier acceso a publicidad gubernamental y radioemisoras cuya línea editorial son críticas de los abusos del oficialismo son asaltadas o vandalizadas por las turbas orteguistas.
Libertad de elegir o ser elegido para cargos públicos. Un derecho fundamental que es reprimido por arbitrarias resoluciones del desprestigiado Consejo Supremo Electoral realizando fraudes tan cínicos y descarados que han provocado la suspensión de gran parte de la cooperación de la comunidad europea y de los propios Estados Unidos. Igualmente excluyen fuerzas políticas emergentes e impide la participación de observadores nacionales o internacionales que puedan poner al descubierto los abusos cometidos durante los comicios electorales.
De una cosa no parece haber duda: de continuar esa privación de libertades cada vez más provocadora, el pueblo nicaragüense —según lo demostraron más de 50,000 personas el 21 de noviembre— parece estar perdiendo el miedo y estar dispuesto si es necesario a pasar de la protesta pacífica a acciones más radicales, nuevamente arriesgando vidas humanas y un perjuicio económico del cual difícilmente podrá recuperarse. [email protected]
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