Mientras, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aún no se pronuncia sobre el conflicto legal que envuelve la ocupación municipal de La Chureca, Indiana Martínez, principal propietaria de las 146.5 manzanas de tierra en conflicto, indicó que mantendrá el reclamo por su propiedad ante el Gobierno de Estados Unidos.
“Yo estoy reclamando ante el Gobierno de Estados Unidos, como ciudadana norteamericana que soy. Tres miembros de la familia somos ciudadanos norteamericanos y estamos reclamando porque en Nicaragua no existe la confiscación y nadie se puede adueñar de nuestra propiedad hasta que no tengan la última firma de toda la familia Martínez”, indicó la señora.
“Tampoco hemos entregado nuestra propiedad”, dijo Martínez, quien aseguró que el acto de entrega de llaves de parte de Carlos Ernesto Martínez Castrillo —uno de los 16 miembros de la familia— a la alcaldesa designada Daysi Torres fue “una total ilegalidad”.
“La herencia o supuesto derecho de propiedad de parte de este señor (Carlos Martínez Castrillo) está en duda, y hasta hay una disputa porque aparentemente su posesión es ilegal”, dijo.
Martínez Castrillo entregó una decena de llaves a la Alcaldesa, como símbolo de que la comuna ya podía tomar posesión legal del terreno en donde la Cooperación española pretende invertir 30 millones de euros en obras de desarrollo.
Sin embargo, además de que la propiedad legal de Martínez Castrillo está en duda, él sólo tenía posesión de un diez por ciento del total del área en litigio.
Si la Alcaldía de Managua ya está en posesión legal del terreno, entonces la AECID debería iniciar operaciones en el territorio inmediatamente, como se comprometieron públicamente. Sin embargo, eso no ha ocurrido.
LA PRENSA consultó el tema en la oficina de comunicación de la agencia de cooperación, en donde informaron que aún no hay ninguna posición oficial sobre el manejo legal de la propiedad.
El conflicto inició cuando la Procuraduría de la República decidió indemnizar a los propietarios del área con un poco más de 39 millones de córdobas en bonos del Estado. Posteriormente, los concejales sandinistas dieron vía libre para que la municipalidad compre los bonos estatales y le entregue la misma cantidad en efectivo a la familia Martínez.
Ver en la version impresa las páginas: 4 A
