- Ni con las bancadas del BUN y ALN el orteguismo lograría 56 votos para permitir reelección de Daniel Ortega
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Ver Infografia > En su tercer cierre de año, el presidente Daniel Ortega enfrenta el más difícil panorama de su Administración, no sólo por la crisis económica que asedia a los nicaragüenses, sino porque los 56 votos para la reforma constitucional que le permitirían la reelección parecen estar más lejos que nunca.
Pese a que hace tan sólo un mes el coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, dijo que estaban a punto de “cosechar” las reformas constitucionales, lo cierto es que en público la Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN), con cinco miembros, se declaró ayer a favor de reformas “de amplio consenso”, mientras que la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), con seis diputados, se opuso a respaldar la reelección presidencial.
En un parlamento con 91 diputados en ejercicio, el FSLN únicamente tiene listos sus 38 votos para la reelección.
Y, de acuerdo con un sondeo efectuado ayer por LA PRENSA, habrían por lo menos 42 diputados en contra de la reelección: 20 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 16 de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), 4 del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), más los independientes Salvador Talavera y Mónica Baltodano, quien ayer no pudo ser consultada, aunque en el pasado se ha declarado en contra de la reelección.
Los miembros de la ALN, quienes ayer siguieron haciendo quórum con el FSLN, se oponen a la reelección presidencial, aduciendo que lo indispensable es cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral.
“En la cultura nicaragüense hablar de reformas constitucionales, más cuando se ha visto que el principal interés es la reelección presidencial, pues siempre se nos viene el mal sabor en la historia de que el síndrome de perpetuarse en el poder ha causado muerte y división”, resumió el jefe de bancada de la ALN, Francisco Jarquín.
Las bancadas no oficialistas respaldaron ayer la posición de la ALN, respecto a un cambio profundo en el sistema electoral, que iniciaría por sacar del juego a los actuales magistrados, acusados públicamente de cometer un fraude en los comicios municipales de noviembre del 2008.
“Si hay reformas, que sean de carácter consensuado por los diferentes líderes, para que todos tuvieran capacidad de hacer algo. Tengo la impresión que el Gobierno tiene una posición intransigente, muy dura de cara a las reformas electorales, también defendiendo a los magistrados electorales. Defienden lo indefendible”, cuestionó el diputado Mario Valle, de BUN.
¿PUEDEN PESCAR EN LAS AGUAS DEL PLC O BDN?
Haciendo números, al FSLN le quedan dos salidas: buscar los 56 votos con el PLC o buscarlos con BDN.
Resulta que al FSLN no le son suficientes los votos de los cinco miembros de BUN y los seis de ALN, aún si los convenciera de respaldar la reelección presidencial, pues 38 oficialistas más 11 del BUN y ALN son 49.
“Las reformas están en manos de quienes ya lo hicieron (FSLN y PLC), nosotros sin embargo alentamos la expectativa de que no haya esas reformas, sería lo más sano para el país, la economía y el futuro del país”, advirtió el diputado Enrique Sáenz, del MRS.
El diputado José Pallais, del PLC, mantuvo la promesa de que ya no pactarán con el FSLN las reformas constitucionales, como parte de un mandato de la convención de su partido.
No obstante, el PLC tiene dos pruebas de fuego: las reformas constitucionales y la elección de una veintena de funcionarios públicos, en 2010.
El diputado Eduardo Montealegre, de BDN, propuso que las fuerzas opositoras cierren filas en torno a una misma iniciativa para institucionalizar al país, tomando en cuenta que sin ellos el FSLN no podrá escoger ni siquiera a los magistrados electorales o judiciales en 2010, por lo tanto sin el respaldo de las bancadas no oficialistas el Gobierno tampoco podría aspirar a la reforma constitucional.