- Coniasa buscaba en el Minsa enorme contrato
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Un día antes de la celebración de un aniversario más del Ejército de Nicaragua, el 1 de septiembre de 2008, el Ministro de Salud, Guillermo González, otorgó un contrato a la empresa Constructora Nicaragüense Asociados (Coniasa), vinculada a los militares, por un millón 112 mil 528 córdobas con 29 centavos para la construcción de obras civiles en el Centro Nacional de Radioterapia, según documentación oficial en poder de LA PRENSA.
Coniasa ganó recientemente una licitación por más de seis millones 550 mil dólares para la construcción del hospital Solidaridad en Managua, después de un proceso denunciado como irregular por empresarios.
Estos constructores resaltaron el conflicto de interés entre el presidente del Instituto de Seguridad Social (INSS), el militar retirado Roberto López, y la empresa adscrita al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo económico del Ejército.
Con la polémica encima, debido a que López ocupa también un puesto en la junta directiva del IPSM, se hizo otro descubrimiento.
Investigadores del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEP) revelaron el nuevo contrato, haciendo énfasis en que el Ministerio de Salud (Minsa) solicitó a la Contraloría contratar a esta empresa directamente.
“El Minsa es una de las instituciones del Estado que más aplica las exclusiones de procedimientos para construcción de obras, compras de medicamentos o de insumos médicos. Esta resolución del Ministro (Número 321-2008) nos demuestra que las exclusiones abren una ventana de discrecionalidad completa, para beneficiar a empresas vinculadas a actores institucionales de gran influencia política en el país, como el Ejército”, declaró el investigador Eduardo Marenco, del equipo del IEEPP.
Según la escritura pública número 57, firmada por la notaria Tania Isabel García y finiquitada el 30 de septiembre de ese año, el trato se celebró entre el ministro y Omar Corea Oviedo, gerente de la constructora; un negocio que pudo ser mayor hasta superar los 60 millones de córdobas, es decir más de tres millones de dólares.
Eso, si la Contraloría General de la República (CGR) no se hubiera percatado, como pocas veces, de esta extraña trama.
Aunque el presidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, dice que no recuerda el caso, el rastro documental en la CGR demuestra que los militares perseguían un enorme contrato.
Esta versión se desprende también de las declaraciones del ingeniero Roberto Lacayo Fiallos, dueño de la constructora bautizada con sus apellidos.
PUJA POR OTRO HOSPITAL
La resolución ministerial 321-2008, del ministro González, además de resolver contratar a Coniasa, por más de un millón de córdobas, revela que el funcionario había solicitado a la Contraloría desde el 15 de mayo contratar directamente a la empresa adscrita al IPSM para la construcción del pabellón de hospitalización del hospital de Campaña de Muelle de los Bueyes.
Ese proyecto se está ejecutando y aparece reflejado en el informe de enero a marzo de 2009 del Ministerio de Hacienda, con un monto asignado de 45 millones 900 mil córdobas.
Con tal de beneficiar a Coniasa, el ministro González argumentó que el Estado se ahorraría costos contratando a otra entidad supuestamente estatal, aunque la constructora es una empresa privada.
El proyecto lo está haciendo la compañía de Lacayo Fiallos, confirmó el empresario por teléfono.
LOS VAIVENES DEL MINSA
El caso de Muelle de los Bueyes tuvo vaivenes. El Minsa había adjudicado también a Coniasa la construcción de un pabellón, por el que le pagarían ocho millones de córdobas conforme a la documentación.
El Ministro le expuso a la CGR que no harían el pabellón en el hospital de Muelle de los Bueyes, sino todo el hospital, por lo que el costo sería de 63 millones 899 mil córdobas, equivalente a tres millones 194 mil dólares.
La CGR, como pocas veces, pidió una explicación. Mandó a contratar el proyecto por cotización. La de Lacayo Fiallos fue la más favorable y se quedó con el contrato.
“El Ministro de Salud alega inicialmente que van a contratar a Coniasa, porque es una institución del Estado y le va a salir más barato, pero al final se descubre que una obra menor la convierten en una obra mayor, objeto de cualquier licitación pública. Evidentemente, es una obra de gran envergadura. Esto demuestra cómo las exclusiones de procedimientos se prestan a tráfico de influencias. La CGR manda a parar el caso y esto debería permitirle enterarse que debe mandar a licitar”, dijo el investigador Marenco frente a este nuevo contrato de la constructora de los militares.
