Los economistas académicos e independientes advierten que no hay nada peor que combinar la banca con la política, no sólo porque es una mezcla de intereses que induce al aprovechamiento de los fondos ajenos que manejan los bancos para el beneficio particular de personas o partidos, o sea que genera corrupción, sino porque hasta se puede llegar a situaciones extremas de criminalidad como ha ocurrido recientemente en Guatemala.
Cualquier persona que tenga acceso a Internet, ha visto o puede ver en YouTube el impresionante vídeo que muestra al abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg anunciando que será asesinado, como en efecto lo fue el domingo 10 de mayo corriente. En ese vídeo, que Rosenberg grabó para que se diera a conocer en el caso de que lo mataran, denunció con nombres y apellidos a sus presuntos asesinos, entre los cuales incluyó al Presidente de la República, Álvaro Colom y a la Primera Dama guatemalteca. Según Rosenberg, él y otras dos personas que fueron asesinadas el 14 de abril pasado (Khalil Mussa y su hija Marjorie Mussa), habrían sido víctimas de “la lucha de poder entre ladrones” por el aprovechamiento del banco mixto Banrural, para realizar lavado de dinero y financiar proyectos y empresas fantasmas en beneficio de políticos guatemaltecos que están en el poder o medran a su amparo.
Esos trágicos acontecimientos de Guatemala deben motivar a la reflexión en Nicaragua, donde en breve comenzará a funcionar un nuevo banco estatal llamado Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos), cuyos directivos serán nombrados por la Asamblea Nacional con criterio eminentemente político partidista. Inclusive, la Asamblea aprobó recientemente una reforma a la ley creadora de dicho banco estatal, para elegir a sus directivos con 47 votos parlamentarios, o sea los 38 del FSLN y nueve de sus asociados ocasionales, lo cual le permitirá a Daniel Ortega colocar a las personas que él quiera, fieles a su partido y subordinados a sus dictados e intereses.
De manera que lo que se está creando con ese nuevo banco estatal es otro foco de corrupción, un ente bancario estatal y politizado que con el dinero de todos los nicaragüenses financiará proyectos y empresas con criterios políticos y discriminará a los productores y empresarios independientes pequeños y medianos que no pertenezcan al partido gubernamental ni sean sus protegidos, pero que son los que realmente necesitan los créditos para desarrollar la producción, hacer negocios productivos, generar empleos y de verdad reducir la pobreza.
Tal vez la nueva banca estatal de Nicaragua no causará situaciones sangrientas como los asesinatos de Guatemala, pero con toda seguridad que sí va a generar más corrupción, mayor enriquecimiento de la nueva clase oligárquica orteguista a costas de la población y más empobrecimiento material, espiritual y moral de la sociedad nicaragüense.
En realidad, la historia de la banca nacional o estatal, en Nicaragua y a nivel latinoamericano, demuestra que salvo casos excepcionales lo que genera la fusión de la banca con la política es mucha corrupción y muy poco o ningún desarrollo.
La idea de que la banca estatal es necesaria para facilitar préstamos a los productores que no son sujetos de crédito en la banca comercial o privada, pudo haber sido bien intencionada en sus orígenes. Pero partió de una premisa absolutamente falsa, como es la de que los funcionarios públicos son todos honestos, aptos para confiarles el dinero del público y más capaces para decidir qué proyectos son económicamente necesarios y viables.
Pero la realidad es otra. Como el dinero que maneja la banca estatal o nacional es del público, o sea que es de todos pero de nadie en particular, entonces no sólo se descuida la administración de esos recursos financieros, pues son muy raras las personas que administran lo ajeno como hacen con lo propio, sino además los créditos se otorgan en base a consideraciones políticas, según las recomendaciones de las altas esferas gubernamentales, para favorecer a los tagarotes del poder mientras se discrimina a los productores independientes, pequeños y medianos, que supuestamente deben ser los beneficiados.
A todo eso hay que agregar que los créditos asignados con criterio político resultan en muchos casos incobrables. Por lo que luego vienen las reestructuraciones y condonaciones de deudas y se produce una irresponsable e inmoral piñata con los fondos que pertenecen a toda la población.
¿Acaso no fue eso lo que ocurrió con el Banco Nacional de Desarrollo, el Banic y el Banco Popular?
