- Tras su audiencia en Ginebra
Cuba rechazó liberar a defensores de derechos humanos, presos de conciencia y periodistas encarcelados, como le pidieron varios Estados miembros de la ONU durante el debate en Ginebra sobre los derechos humanos en la isla, según un documento difundido ayer.
“Solamente hemos rechazado un puñado de recomendaciones que provienen de nueve países, de Israel y de países de Europa Occidental, que no se avienen al espíritu de la resolución que da origen a esta revisión periódica universal sobre la base del ejercicio del principio de autodeterminación”, dijo a la AFP Bruno Rodríguez Parrilla, viceministro cubano de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación cubana en Ginebra.
Las recomendaciones a las que alude Rodríguez Parrilla fueron formuladas el jueves por Israel, Italia, Canadá, Eslovaquia, Austria, Holanda, Reino Unido y República Checa.
Estos países habían pedido a Cuba que no reprima a los opositores, que libere a los defensores de derechos humanos, a los reos de conciencia y a los periodistas encarcelados, y que garantice la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
Cuba aceptó 60 recomendaciones del debate del pasado jueves, según el documento distribuido como resultado del Examen Periódico Universal (EPU) sobre los derechos humanos en la isla.
Pero aplazó su respuesta sobre otras 15, entre las que figura si invitará a relatores especiales de la ONU o permitirá el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las cárceles, hasta que el documento publicado le sea sometido para su adopción en una futura sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio.
También pospuso su decisión sobre la adhesión al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de perseguir crímenes de lesa humanidad, como le propuso Brasil.
El gobierno cubano presidido por Raúl Castro tampoco se pronunció sobre si permitirá el acceso a las cárceles del país a los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como le pidieron Canadá y Francia.
Entre las recomendaciones aceptadas figuran 57 tendentes a mejorar la legislación y administración de justicia y la situación del sistema carcelario, según estándares internacionales. También las que se refieren al cese de la aplicación de la pena de muerte, el refuerzo de la lucha contra la violencia doméstica y la discriminación, el afianzamiento de los derechos de los niños y el acceso a la educación, salud, vivienda y la cultura.
