Durante el primer gobierno del período democrático que siguió a las dictaduras somocista y sandinista, o sea en la Administración de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, se popularizaron en Nicaragua las palabras “cañonazo”, para designar el soborno que recibían algunos diputados por votar a favor de los proyectos del Ejecutivo a pesar de que sus partidos les ordenaban lo contrario; y bucaneros o “bucki” (como diminutivo), para calificarlos despectivamente.
Pero el tráfico de votos parlamentarios y el transfuguismo político no constituyen un fenómeno propiamente nicaragüense. Lo mismo ocurre en todos los países donde funciona un sistema político más o menos abierto. Y se da en todos los partidos, salvo en los de ideología totalitaria, ya sean fascistas o comunistas, porque éstos son organizaciones herméticamente cerradas que funcionan a base de una disciplina cuartelaria. Lo que se produce de vez en cuando en los partidos totalitarios es la disidencia, pero por lo general ésta es ideológica y política, muy raramente por prebendas y “cañonazos” como ocurre en los partidos democráticos.
Para citar como ejemplo sólo un caso de otro país, cabe mencionar que en Brasil el transfuguismo llegó a ser tan grave, que en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia determinó que “los cargos ejecutivos y legislativos son de los partidos políticos que los llevan en sus listas como candidatos, y no de los individuos que los detentan”. El presidente brasileño Lula da Silva, quien es líder de un partido de izquierda y fue reiteradamente denunciado por la oposición de “convencer” mediante sobornos a legisladores, gobernadores y alcaldes de otros partidos, para que en sus respectivos ámbitos de acción apoyaran las políticas gubernamentales, al conocer la decisión de la Corte Suprema, expresó: “No cabe al Presidente decir si la Corte acertó o se equivocó. Tenemos que respetar, acatar y hacer cumplir la sentencia”. Sin embargo, la Corte recibió en los tres meses siguientes hasta seis mil solicitudes de los partidos brasileños, de impugnación y cancelación de mandatos de funcionarios tránsfugas.
Lo que pasa es que a algunos diputados, en Nicaragua igual que en otros países, no les satisface el magnífico sueldo que reciben del Estado a cambio de un breve tiempo de trabajo, aparte de otros privilegios que obtienen a cuenta del presupuesto público, como una generosa cantidad de combustible, viáticos para viajes dentro y fuera del país, dietas por asistencia a reuniones de comisiones, etc. Además, muchos diputados colocan o tratan de colocar a sus familiares y amistades cercanas en empleos bien remunerados del Gobierno y del Estado, o aprovechan las influencias que se derivan del poder parlamentario para hacer buenas conexiones de negocios particulares. Todo eso hace vulnerables a aquellos diputados que aprovechan el cargo para procurarse beneficios personales, pues se tienen que sujetar a la presión de quien les facilita las prebendas y los sobornos.
Por otra parte, en el caso de un Gobierno con vocación totalitaria y represiva, como es el actual, a cada diputado lo investigan minuciosamente para saber cuáles son sus debilidades de cualquier clase, ya sean dificultades de Aduanas o de impuestos, participación en negocios turbios, e incluso problemas íntimos y asuntos de carácter personal y familiar. Quizás por eso fue que un diputado que dejó recientemente la bancada del PLC en cuya lista fue elegido, y pasó a apoyar al partido oficialista durante la crisis parlamentaria de este fin de año, dijera a los periodistas que el FSLN ni siquiera necesita comprar con dinero a los diputados de oposición, ya que los tiene apuntados con una mira telescópica.
En realidad, con todas esas debilidades que tienen los diputados, lo sorprendente es que los partidos de oposición que obtuvieron 53 escaños en las elecciones de noviembre de 2006, hasta este fin de año sólo hayan perdido claramente a siete de ellos. Pero el presidente Ortega quiere controlar totalmente la Asamblea Nacional, que es el único poder del Estado al que todavía no le puede imponer su voluntad; y estando en puerta el pacto para la reforma constitucional que le permitiría reelegirse o seguir gobernando después del 2011 con el cargo de primer ministro, lo más probable es que en los próximos días más diputados de oposición caigan ante los cañonazos y extorsiones gubernamentales. Quisiéramos estar equivocados.
