Bajo el auspicio de buena voluntad de la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), y con la participación testifical de la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, la negociación que el presidente Evo Morales ha abierto con los prefectos o gobernadores de las provincias autónomas, en busca de una solución negociada, pacífica y duradera de la grave crisis que sufre ese país andino y suramericano, pareciera ir en buena dirección.
Pero hay que hacer notar que si el presidente Morales ha comenzado a ceder en sus pretensiones autoritarias y avasalladoras, esto se debe también a la posición del Ejército boliviano, cuyo comandante en jefe, general Luis Trigo, ha advertido categóricamente que no se dejará mangonear por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En efecto, en una carta que hizo llegar al Canciller de Bolivia demandándole que proteste ante el gobierno venezolano por la pretensión de Chávez de dar órdenes al Ejército boliviano, el general Trigo expresó que: “El señor Presidente de Venezuela está haciendo reiteradas declaraciones en contra de este Comando y de las Fuerzas Armadas de la Nación, atentando contra la unión monolítica de la institución y poniendo en duda el rol constitucional que cumplimos desde la creación de la República, como baluartes de la democracia y la institucionalidad en nuestro país”. “El 12 de septiembre di a conocer públicamente el sentimiento y la posición invariable de la institución castrense sobre temas que hacen al acontecer y coyuntura nacional, entre los que figura el rechazo enérgico y categórico contra la injerencia extranjera de cualquier tipo y venga de donde venga, en temas que son únicamente competencia de bolivianos”, le recordó el general Trigo al Canciller boliviano, al pedirle que haga la debida protesta por la injerencia venezolana en las crisis interna boliviana.
El rechazo de las Fuerzas Armadas de Bolivia a cualquier clase de intromisión extranjera, incluyendo la del subimperialista Hugo Chávez, es un factor clave para que la crisis boliviana se pueda resolver en forma pacífica y democrática. Esta crisis se arrastra desde hace mucho tiempo y tiene múltiples orígenes. Pero la causa inmediata y directa de los recientes enfrentamientos violentos, que dejaron al menos quince muertos y han puesto al país al borde de una guerra civil, ha sido la decisión arbitraria del Gobierno Central de quitarle a los departamentos la parte que les corresponde de los impuestos directos a los hidrocarburos, con el obvio propósito de quebrantar económicamente a los gobiernos autónomos que se han rebelado cívicamente contra el autoritarismo étnico y socialista del presidente Morales.
De manera que uno de los principales acuerdos logrados en las negociaciones del presidente Evo Morales con los prefectos de los departamentos rebeldes de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni, con la participación de los prefectos oficialistas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, ha sido el reconocimiento “del derecho de los departamentos a percibir la parte que les correspondía en el impuesto directo a los hidrocarburos, fondos de los cuales han sido despojados por el gobierno de Morales”.
Otro acuerdo muy importante entre el presidente Morales y los prefectos, ha sido el compromiso del Gobierno a respetar la autonomía de los departamentos del oriente del país, así como la revisión del texto del proyecto de nueva Constitución que fue aprobado unilateralmente por el oficialismo en violación de las normas constitucionales y legales del país, y la reconsideración de la convocatoria presidencial al referendo para aprobar o rechazar la Constitución. Por su parte los prefectos de la oposición aceptaron levantar los tranques de rutas y poner fin a las tomas de instituciones y edificios públicos, a pesar de que el presidente Morales no se comprometió a quitar el cerco que unos cinco mil de sus partidarios han puesto a la ciudad opositora de Santa Cruz, ni a dejar en libertad al prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, quien es acusado de “genocidio” y ha sido encarcelado por el Gobierno con el fin de mantenerlo como rehén durante las negociaciones con los prefectos opositores.
En todo caso, lo más importante es que ha comenzado la negociación para abrir el camino a una salida pacífica y democrática de la crisis de Bolivia, un país que vive permanentemente a la orilla de la guerra y que pareciera encontrarse ahora al borde de la paz.
