Un convenio que acredita la participación de alrededor de 4 mil 300 universitarios como “Procuradores Electorales”, durante las elecciones municipales del próximo nueve de noviembre, firmaron ayer el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En palabras de Omar Cabeza, Procurador de Derechos Humanos, los universitarios que se sumarán voluntariamente a la “fiesta electoral” cumplirán la función de “fiscalizadores” y no de observadores, como ocurrió en ocasiones anteriores, por lo que podrán denunciar a los funcionarios que “no se apeguen a la ley” e incluso llevar el caso hasta los juzgados.
“La diferencia entre un observador y un fiscal está en que el observador observa y después te cuenta lo que observó. El fiscal, el procurador electoral no, el procurador electoral procura el cumplimiento de ese ejercicio de derecho humano a través de la observación, pero el procurador electoral puede perfectamente levantar denuncia in situ y someter esas denuncias al procedimiento de la ley”, afirmó.
“Es decir, aquí tiene que saber cualquier presidente de junta receptora de voto, cualquier fiscal de cualquier partido político que quedan sometidos como parte de la administración pública… Es decir, nosotros podemos mandar a cualquier administrador público y sentarlo en un juzgado por desacato, si no se cumple con lo que manda la procuraduría”, aseguró Cabezas.
