El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional fueron creados hace 29 años como instrumentos políticos del FSLN, pero han sido las instituciones que de manera más efectiva se pudieron profesionalizar e institucionalizar durante los complejos y azarosos años de la transición democrática que comenzó en 1990. La ciudadanía nicaragüense y la comunidad democrática internacional han reconocido ese esfuerzo y mérito del Ejército y la Policía, lo cual explica los altos índices de confianza pública en dichas instituciones, que de manera continua han demostrado las encuestas.
Pero ahora la institucionalización del Ejército y la Policía —que junto a la libertad de expresión y de prensa ha sido la conquista más evidente de la transición democrática—, se están debilitando y al parecer hasta podrían perderse ante el empuje autoritario del gobierno de Daniel Ortega, que está empeñado en restaurar la dictadura en Nicaragua.
Ciertamente, las celebraciones del 29 aniversario del Ejército y de la Policía, el martes y viernes de la semana pasada, enviaron una sombría señal del retroceso institucional en esos cuerpos armados, o en todo caso, de la presión que están recibiendo sus altos mandos para que dejen el camino recto y claro del profesionalismo y vuelvan a la senda tortuosa del partidismo, del sectarismo político, del servicio a un partido e incluso a una persona y una familia, como fue la Guardia Nacional en la época somocista.
La reacción desmesurada del jefe del Ejército, general Omar Halesleven, contra los medios de comunicación por informaciones críticas sobre una institución pública como es la Fuerza Armada del Estado, demuestra que al alto mando militar le falta talante democrático y espíritu de tolerancia. El jefe del Ejército se sintonizó, lamentablemente, en la misma onda de Daniel Ortega, quien no desaprovechó la ocasión para manifestar su fobia a la libertad de prensa y soltar otra de sus acostumbradas diatribas contra los medios de comunicación independientes.
Sin embargo, algunos observadores advirtieron que no fue eso lo más significativo en el discurso del general Halesleven con motivo del 29 aniversario del Ejército, sino la alusión a quienes quieren que la institución militar se pronuncie a favor o en contra de posiciones políticas, así como el compromiso que hizo de permanecer al margen de la política y apegado a la Constitución y las leyes del país. Pero no han sido las fuerzas democráticas del país, de derecha, centro o izquierda, las que le han exigido al Ejército que asuma posiciones políticas. Las fuerzas democráticas más bien le han pedido que mantenga su neutralidad profesional, su apoliticidad y su apartidismo. De manera que resulta fácil deducir que el que está presionando al Ejército para que vuelva a ser partidista, es precisamente el presidente Ortega.
Por otro lado, los ascensos policiales que fueron dictados con el obvio propósito de colocar en el “círculo de espera” para sustituir a la comisionada general Aminta Granera, a alguien afecto política y familiarmente al presidente Ortega, confirma y acrecienta el temor de que éste avanza en su proyecto personal de controlar autocráticamente a la Policía.
Pero el solo hecho de que Daniel Ortega, gracias a Arnoldo Alemán, volvió a ser Presidente de Nicaragua, ya fue un grave retroceso institucional del país y un tremendo golpe a su frágil democracia. De modo que era de esperarse que las diversas instituciones del Gobierno y el Estado retrocedieran en su conformación y funcionamiento institucional. Así lo advertimos desde los medios de comunicación independientes y lo dijeron los partidos democráticos, antes de las elecciones del 5 de noviembre del 2006. Fue por eso que llamamos a derrotar en las urnas la candidatura presidencial de Daniel Ortega, pero lamentablemente esos llamados no encontraron suficiente eco entre los electores democráticos nicaragüenses. Y ahora todos, inclusive los sandinistas de abajo, estamos pagando las consecuencias.
Sin embargo, el hecho de que Daniel Ortega quiera convertir al Ejército y la Policía en correas de transmisión de su poder autocrático no significa que inevitablemente tenga que alcanzar su propósito. Las votaciones del próximo noviembre serán una oportunidad para demostrar el rechazo popular a la nueva dictadura que quiere imponer Ortega, un ensayo general para la gran derrota que hay que asestar al continuismo orteguista en las elecciones nacionales de 2011.
