En un artículo publicado en la sección de Opinión de LA PRENSA, el martes de esta semana, titulado “Lo que hay detrás de la presidencia de la Sala Civil”, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Sergio Cuarezma Terán, puso el dedo sobre la llaga del Poder Judicial de Nicaragua.
En su artículo, el magistrado Cuarezma Terán explica que la disputa por la presidencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, a la que él aspira, se debe a que la persona que ejerce este cargo “tiene grandes atribuciones de control y poder sobre un ámbito que genera una gran tensión e intereses políticos y económicos, como los casos de propiedad. En este sentido —explica Cuarezma—, mi nombramiento representa para quienes se oponen, un obstáculo para sus fines”. Y es que detrás de esto se encuentra el problema de la propiedad.
Al día siguiente, o sea el miércoles 6 de agosto corriente, en un programa matutino de opinión de Radio Corporación, el doctor Cuarezma Terán aseguró que en la Corte incluso se viola el principio jurídico sagrado de la cosa juzgada, por conveniencias de algún o algunos magistrados, y aludió sin entrar en detalles a un caso de propiedad que ya había sido resuelto mediante resolución judicial de última instancia, pero fue revivido para cambiar la sentencia.
Abundando en la importancia que tiene el cargo de presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Cuarezma aseguró que se debe a que “dispone del conocimiento de las causas y designa al magistrado que hará el proyecto de sentencia. Hay expedientes que despiertan interés, y por tanto hay quienes los piden para hacer la sentencia”, explicó con pleno conocimiento de causa el doctor Cuarezma Terán.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, el magistrado Sergio Cuarezma se refirió en su artículo del martes de esta semana en LA PRENSA a la negligencia profesional de los magistrados, que se reúnen para “socializar entre sorbo y sorbo de café mientras se firman autos o exequator” (verificación de validez en el país de sentencias dictadas en el extranjero), “porque parece más sencillo hacer lobby y negociar los casos (de aquéllos que despiertan interés) para conseguir la firma de un expediente que entrar en un debate jurídico sobre el caso concreto y votar al respecto”.
También el magistrado Cuarezma habló de los “feudos territoriales” que hay en la Corte Suprema de Justicia, o sea la repartición de las diversas jurisdicciones geográficas como áreas de influencia de los magistrados, para su particular beneficio; de la disposición arbitraria sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales inferiores; del irrespeto a las garantías del debido proceso incluso para miembros del Poder Judicial; de “la presencia excesiva de la ratio (razón) política”, como él llamó eufemísticamente a la descarada e inmoral intromisión del FSLN y el PLC en la administración de justicia, y la subordinación de ésta a los caudillos de esos partidos. Lo cual, según denunció en su artículo y en sus comentarios radiales el magistrado Cuarezma, “se ha convertido en un obstáculo fundamental para el desarrollo de una administración de justicia real y eficiente, que acentúa los efectos negativos de la disfuncionalidad de la justicia, que se manifiesta en que ésta se basa en la lealtad y la sumisión partidaria…”.
Prácticamente todo lo que el doctor Sergio Cuarezma Terán escribió en LA PRENSA y dijo en Radio Corporación, ya era de amplio conocimiento o al menos de sospecha pública. Lo extraordinario y muy importante en este caso, es que lo denuncie un miembro de la Corte Suprema de Justicia, pues, como dice el conocido principio general del Derecho: A confesión de parte relevo de pruebas.
La verdad es que entre la ciudadanía hay plena conciencia de que para enderezar realmente al país, que está abrumado por la corrupción gubernamental, el autoritarismo político, el caudillismo partidista, la crisis económica y la debacle moral pública, ante todo es necesario llevar a cabo una profunda transformación del Poder Judicial; de una administración de justicia que debería garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos individuales y colectivos de los nicaragüenses, tutelar los derechos humanos de las personas y guardar la conciencia jurídica y moral de la sociedad, pero por la depravación política y moral en la administración de la cosa pública, ha devenido en el más corrupto de todos los estamentos del Estado.
