Mucho se ha hablado y no precisamente en los mejores términos, acerca de la llamada “Directiva del Retorno” que el Parlamento Europeo aprobó el 17 de junio recién pasado con relación con los inmigrantes ilegales. De acuerdo con esa disposición, que entrará en vigencia hasta dentro de dos años siempre y cuando el Parlamento Europeo la vuelva a aprobar sin modificaciones, los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en territorio de la Unión Europea (UE) y no quieran regresar voluntariamente a sus países de origen, podrían ser encarcelados hasta por año y medio, dependiendo de la legislación particular de cada país miembro de la UE, y les sería prohibido volver a Europa durante los siguientes cinco años.
La reacción de prácticamente todos los gobernantes de América Latina ha sido bastante fuerte, en algunos casos incluso desproporcionada, como la del presidente venezolano Hugo Chávez que amenazó con cortar la venta de petróleo de Venezuela a los países miembros de la Unión Europea. Hasta el presidente socialista Lula da Silva, del Brasil, que generalmente se expresa en forma comedida y diplomática, como le corresponde hacerlo a un estadista, acusó de xenófobos a todos los europeos sin hacer distinciones de ninguna clase.
Sin duda que los gobernantes latinoamericanos tienen razón de preocuparse por el posible retorno masivo de millones de personas, que se han ido a Europa precisamente porque en sus propios países no había espacio ni oportunidades para ellos. Y mucho menos que las vayan a encontrar en el caso de que tuvieran que regresar a sus patrias. Pero también muy preocupados deben estar los familiares de los inmigrantes latinoamericanos que se encuentran ilegalmente en Europa, pero que se las ingenian para encontrar algún trabajo y enviar unos cuantos euros a sus deudos que quedaron en el país.
Sin embargo, así como los gobernantes latinoamericanos tienen razón de cuestionar la “Directiva del Retorno” que Europa pretende aplicar a los inmigrantes ilegales, los gobernantes europeos también tienen razón y derecho de aprobarla. Y lo que corresponde en este caso, tratándose de países amigos, es negociar con madurez y con comprensión de la razón que le asiste a cada quien, en procura de un acuerdo equilibrado y satisfactorio para todos.
Los gobernantes latinoamericanos podrían incluso hacer de esta situación una oportunidad para alcanzar con la Unión Europea un acuerdo permanente sobre políticas migratorias, que ponga fin a la incertidumbre que en este campo ha habido hasta ahora. La verdad es que las medidas administrativas dispuestas por Europa no apuntan contra los inmigrantes en general, sólo contra los ilegales y particularmente contra aquellos que representan una amenaza a la seguridad pública europea. Todos los Estados, europeos o no, tienen derecho y obligación de controlar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la estabilidad de sus instituciones y la preservación de sus valores. Cabe señalar al respecto los Estados latinoamericanos, en su mayoría si no es que todos, discriminan a “sus” propios inmigrantes y tratan hasta en forma inhumana a los emigrantes extranjeros en tránsito.
Además, a algunos gobernantes latinoamericanos, como el de Nicaragua, para no ir muy largo, les resulta muy cómodo obligar a la gente a irse al extranjero para buscar medios de vida que no encuentran en su propio país, mientras ellos, los gobernantes, se enriquecen obscenamente al amparo del poder y espantan con sus políticas irresponsables las inversiones extranjeras, que son las únicas que pueden crear fuentes de trabajo y de vida en el país.
Se conoce que la Unión Europea necesitará entre 50 y 110 millones de inmigrantes, de aquí al año 2060, para compensar el proceso de envejecimiento y la falta de crecimiento de su propia población. Éstos son datos de la Comisión Europea, los cuales demuestran que Europa necesita de la inmigración, pero es lógico que la quiera de manera ordenada y que procure la preservación y el fortalecimiento de su seguridad, de sus valores y sus instituciones. Y América Latina, así como negocia con Europa acuerdos de interés recíproco para el intercambio de productos materiales, también debe negociar y lograr convenios sobre la fuerza de trabajo material e intelectual, la cual, para países como Nicaragua, ha venido a ser el principal o uno de los principales recursos de exportación.
