Desde que Daniel Ortega asumió otra vez la Presidencia de Nicaragua, en enero de 2007, y se volvió a apoderar del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el sector democrático del país se previó y temió que lo más probable era que nuevamente los fondos de dicha institución se manejarían de manera irresponsable. ¿Qué otra cosa se podría esperar, si durante su primer gobierno Ortega arruinó el Seguro Social y lo entregó prácticamente sin fondos, en abril de 1990?
En realidad, los mismos funcionarios del nuevo gobierno de Ortega anunciaron desde el comienzo lo que harían con los fondos del INSS, al cuestionar que estuvieran depositados en la banca privada porque, según dijeron, ganan pocos intereses y proporcionan muchos beneficios a los banqueros. Y poco tiempo después, uno de los personajes más siniestros del gobierno de Daniel Ortega declaró que iban a utilizar los fondos del INSS como capital semilla de un proyectado nuevo banco estatal.
Ahora, gracias a investigaciones periodísticas se ha podido saber que los fondos del INSS están siendo utilizados para financiar proyectos de viviendas, que si bien es cierto apuntan a favorecer a unas cuantas familias pobres de miembros y simpatizantes del Frente Sandinista y sus CPC, no está claro si son proyectos sociales del Estado o negocios del partido y de personas particulares. Lo que se puede ver es un probable conflicto de intereses, lo mismo que tráfico de influencias y sobre todo falta de seguridad en que los fondos del Seguro Social podrán ser recuperados.
En efecto, tal como se ha informado ampliamente en los últimos días, el INSS ha facilitado cuantiosos préstamos a una empresa del Instituto Nicaragüense de Previsión Social Militar para construir un proyecto residencial, así como a dos empresas particulares a las que están vinculados prominentes miembros del Gobierno y del entorno personal del presidente Ortega. Y causa mucha preocupación la noticia de que por tales préstamos responden, supuestamente, propiedades de los mismos prestatarios de las cuales se desconoce su historia registral y catastral y se ignora por lo tanto si hay alguna posibilidad real de que el Seguro Social recupere el dinero que ha sido prestado con tanta facilidad y “largueza”.
La preocupación es justificada, pues se trata de dinero que no pertenece al presidente ejecutivo del INSS sino a sus afiliados y beneficiarios. De manera que las autoridades del Seguro Social y del Gobierno Central tienen que explicar en qué consiste ese negocio, cuáles son las garantías de que el dinero de los préstamos será recuperado y por qué se facilitan esos recursos públicos a personas que forman parte del mismo gobierno y del partido gubernamental.
Estamos claros de que los fondos del Seguro Social no deben permanecer inactivos y que más bien hay que ampliar las posibilidades de su inversión. Pero esto hay que hacerlo con responsabilidad, con la visión de que es para obtener beneficios y compensar el déficit en el sistema contributivo que ya hay y que sin duda será mayor en el futuro inmediato. Y se debe actuar también con la absoluta certeza y seguridad de que los fondos invertidos y sus beneficios serán oportunamente recuperados. Como dicen los expertos en administración de la seguridad social y fondos de pensiones, la clave es invertir éstos muy cuidadosamente, buscando el mayor beneficio y corriendo el menor riesgo posible.
De otra manera esos recursos están muy bien en la banca privada. Y en cuanto al argumento de que los fondos del Seguro Social depositados en los bancos privados únicamente tienen un beneficio de 5 ó 6 por ciento, y que es mejor aventurarlos en préstamos alegres, como los que se han descubierto y denunciado, cabe señalar que en España los fondos de pensiones se invierten en deuda pública de calificación triple A, o sea altamente segura, la cual proporciona una rentabilidad de cuatro por ciento equivalente a un poco más de la tasa media de inflación, según una información publicada en el diario español ABC en junio del 2007.
Los diputados del sector democrático de la Asamblea Nacional han anunciado que van a crear una comisión especial para investigar el manejo de los fondos del INSS y que harán comparecer a los funcionarios involucrados en el escándalo de los préstamos. Por el bien del país y particularmente de los afiliados, jubilados y pensionados del INSS, ellos tienen que hacer efectivo ese anuncio.
