- Cairo Manuel López y Rafael Solís, quienes impulsaron las reformas de 1995 y 2000, respectivamente, cuentan a Domingo cómo y por qué se modificó la Constitución. Ellos vivieron desde dentro las negociaciones y ahora relatan las implicaciones.
-
Ver Infografia > 
Cuando en 1999, Rafael Solís, actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entró a las conversaciones entre liberales y sandinistas, tenía algunos meses de haber comenzado a trabajar como asesor jurídico para el partido sandinista.
Del origen del pacto Solís sólo sabe que hubo pláticas entre el actual vicepresidente Jaime Morales Carazo, que estaba con Arnoldo Alemán, y Dionisio Marenco, por el lado de Daniel Ortega.
El Frente Sandinista le encargó hacer un análisis de toda la parte jurídica de las reformas constitucionales anteriores, acuerdos que se habían dado otros años y acuerdos políticos de los años cincuenta, entre otros. Todo esto tenía el objetivo de evaluar la viabilidad de una acuerdo que contemplara reducir para el sandinismo el techo para ganar las elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta y mejorar la posición, la “pata”, según palabras del magistrado, que se tenía con el sandinismo en otros poderes del Estado.
Casi diez años después del famoso pacto, Solís reconoce que las reformas “fueron importantes” para el FSLN. “Eso es innegable. El Frente logró negociar mejor que las expectativas de los liberales”, añade.
Según Solís, el partido rojo pretendía favorecer el bipartidismo para eliminar los partidos pequeños y manejar un poco la posibilidad de bajar el techo. “Por eso se llegó a ese acuerdo de que quedara el 45-40 y 35, si había un límite de diferencia y se dejara el diputado constitucional. Ésa fue solicitud de ellos (liberales)”.
La justificación del magistrado para las negociaciones es de una “contrarreforma” que revirtiera las conquistas arrebatadas al pueblo nicaragüense después de la reforma del 95. “El Frente venía en retroceso, tenía una participación mínima en los poderes del Estado y eso hacía que una serie de decisiones fueran en contra del sandinismo y en contra de los intereses que el sandinismo ha defendido siempre que son el de los sectores más pobres de la población”, afirma Solís.
Sobre una nueva negociación con los liberales, Solís estima que deben esperarse los resultados de las elecciones municipales. “Podemos volver a negociar en noviembre o diciembre con los liberales unificados o divididos. Necesitamos 18 votos para impulsar una reforma, pero creo que se va a imponer la necesidad de volver a debatir las reformas constitucionales ya sea hacia un modelo parlamentarista o semiparlamentario o semipresidencial”.
De las posibles nuevas negociaciones el magistrado prevé que el liberalismo seguirá apuntando al bipartidismo para captar el voto antisandinista. De parte del Frente ve negociaciones para lograr el 60 por ciento que necesita en la Asamblea para aprobar o desaprobar.
En retrospectiva, él cree que un nuevo pacto debería incluir a todos los partidos. Eso sí, descarta la búsqueda de un sistema dictatorial a través de acuerdos políticos. “No veo al Frente buscando por la vía del pacto establecer una dictadura”, afirma Solís.
En el año de 1995 Cairo Manuel López era diputado en la Asamblea Nacional por parte de los socialcristianos. Él, junto a otros diputados, promovieron una reforma a la Carta Magna que lograra equilibrar el poder del Ejecutivo frente al Legislativo.
Los antecedentes de esa reforma, según cuenta López, estaban en la promesa que la Unión Nacional Opositora (ONU) hizo al pueblo durante la campaña de las elecciones del noventa.
El entonces diputado recuerda que el tema de las reformas desató una discusión que atrajo la atención nacional sobre si se hacía una reforma parcial o total. Al final se aprobaron reformas parciales en 1995. López agrega que inicialmente la idea no contaba con el apoyo del Gobierno de doña Violeta Barrios, porque le restaba poderes, ni del Partido Liberal Constitucionalista ni del Frente Sandinista. Al final, dice López, se sumaron los votos necesarios y aprobó la reforma del 95.
“Una de las principales cosas que se quería cambiar eran los decretos presidenciales con fuerza de Ley que valían tanto como una ley”, asegura el especialista.
“En resumen, se trató de crear una institucionalidad en el país para que el poder estuviera lo más desconcentrado posible”, dice Cairo Manuel López.
