- Representante FMI en Nicaragua dice que fondos no podrán desembolsarse mientras no se apruebe la llamada ley antifraude energético
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La aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley para la Distribución y Uso Responsable del Servicio Público de Energía Eléctrica, conocida como ley antifraude energético, es condición indispensable para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la última revisión del programa económico que el Gobierno tiene con ese organismo.
“No vamos a terminar la revisión del programa mientras no se apruebe la ley antifraude”, afirmó ayer el representante del FMI en Nicaragua, Humberto Arbulú, al término de una reunión con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Arbulú añadió que de la aprobación de esta revisión depende que el FMI desembolse 16 millones de dólares correspondientes al primer trimestre de este año, así como otros 20 millones de dólares de otros cooperantes.
PROMESA TRAS PROMESA
La ley antifraude energético, la cual debió estar aprobada en diciembre pasado según los compromisos asumidos inicialmente por el Gobierno con el FMI, establece sanciones administrativas y penales contra los que roben energía por encima de cierta cantidad de kilovatios.
El representante del FMI dijo que el Gobierno inicialmente ofreció que esta ley estaría aprobada el primero de abril pasado. Sin embargo después pidió otra prórroga para poder aprobarla, a lo cual el FMI accedió.
“El presidente del Banco Central de Nicaragua (Antenor Rosales) dijo: he ofrecido al Fondo (Monetario Internacional) tenerla aprobada el primero de abril. Como lo ofreció, le dijimos formidable. Pero después nos dijo: saben qué, hay esta crisis política. Le respondimos: muy bien, entonces resuelvan su crisis política y cuando la resuelvan, aprueban la ley”, contó Arbulú.
El país vive actualmente una nueva crisis política, en parte debido a la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de posponer hasta abril del 2009 las elecciones municipales en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
NO HAY TIEMPO LÍMITE
Arbulú subrayó que el FMI no puso plazos para la aprobación de la ley antifraude, por lo que el Gobierno tiene todo el tiempo para negociar con la Asamblea Nacional tal aprobación.
Sin embargo, mientras no se cumpla este requisito, el desembolso de los 36 millones de dólares seguirá congelado.
Por su parte el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, destacó que los políticos tienen que trabajar por superar la actual crisis, para enviar “señales claras a la inversión extranjera”.
