- Colom forzado a admitirlo
El Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, reconoció la incapacidad de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico, tras el enfrentamiento el martes pasado de dos presuntos cárteles de droga, que dejó 11 muertos, entre ellos dos mexicanos.
“No existe capacidad de respuesta del Gobierno ante una fuerza tan peligrosa y fuerte como la de los narcotraficantes”, admitió ayer el mandatario ante periodistas locales.
“Estamos preocupados, hasta me da vergüenza, cuatro veces la misma avioneta ha ido a tirar porquería de cocaína a Petén (norte), y lo hacen de noche porque saben que nuestros helicópteros y aviones no pueden volar a esas horas”, lamentó.
El pasado martes se produjo un enfrentamiento entre presuntos cárteles de la droga en el este de Guatemala, que dejó 11 muertos, 5 heridos y 6 detenidos.
Las primeras hipótesis que se manejan del enfrentamiento, el mayor registrado hasta la fecha en Guatemala, apuntan a una mala transacción de droga o una operación para hacerse con el control del territorio.
Entre tanto, un grupo de 11 funcionarios mexicanos llegaron a Guatemala el jueves para investigar la participación de conciudadanos en el enfrentamiento, ya que además de los dos mexicanos fallecidos, tres de los seis detenidos son de esa misma nacionalidad.
MALOS TRATOS A INMIGRANTES
Un panorama sombrío de la situación en Guatemala se lleva el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, que este viernes concluyó su visita.
Bustamante recibió numerosos testimonios sobre casos de extorsión, sobornos y abusos en contra de la población migrante. Muchos de estos casos permanecen en la impunidad, lo que parece estar ligado a situaciones de abuso de poder.
El Relator Especial también manifiesta su preocupación “respecto a la falta de capacidad del Estado para combatir las redes del crimen organizado”, afirmó.
A criterio del Relator de la ONU, que inició su visita el lunes, en Guatemala es necesaria una visión más integradora sobre la migración, con el objetivo de proteger a los migrantes que se encuentran en el exterior, en el país o de tránsito por Guatemala.
“La actual Ley de Migración (de 1998) contiene numerosas lagunas e imprecisiones. Las lagunas legislativas existentes en el procedimiento permiten un amplio margen de discrecionalidad de las autoridades migratorias y policiales en la ejecución y tramitación de los procedimientos migratorios”, subrayó.
