Todo Gobierno tiene la potestad y la obligación de buscar cómo aumentar la recaudación de impuestos, con los que se financia el aparato administrativo del Estado las inversiones públicas y el gasto social. Para ese fin el Gobierno aplica diferentes fórmulas y medios recaudatorios, pero todo eso debe hacerlo con respeto a la Constitución Política de la República y las leyes tributarias.
Por su parte, todas las personas, empresas y organizaciones tienen la obligación de pagar los impuestos que están establecidos en la ley. Sin embargo, para ser legítimos y que los contribuyentes estén obligados a pagarlos, los impuestos deben ser creados limpiamente por ley de la Asamblea Nacional, no mediante disposiciones discrecionales del Poder Ejecutivo ni de nadie. Así lo mandan los artículos 114 y 115 de la Constitución, que protegen a los contribuyentes de cualquier abuso de los gobernantes y recaudadores al señalar expresamente que “El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley”.
Pero el gobierno de Daniel Ortega, a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) por la fuerza quiere obligar al Diario LA PRENSA a pagar una deuda inexistente de casi 14 millones de córdobas, deuda que es falsa porque se deriva de una ley inconstitucional, como es la llamada “Ley Arce contra la libertad de expresión y de prensa”. Precisamente por eso es que la “Ley Arce” fue recurrida de inconstitucionalidad por representantes de varios medios de comunicación social, recurso que está en espera de fallo en la Corte Suprema de Justicia.
Para obligar a LA PRENSA a pagar esa deuda inexistente, la DGSA está reteniendo una considerable cantidad de papel que es propiedad de este Diario, lo cual sólo puede calificarse como un acto de terrorismo fiscal, cual es la utilización de los organismos recaudadores de impuestos para intimidar, acosar y extorsionar a una persona natural o jurídica —o para confiscar indirectamente a una empresa—, por motivos políticos, ideológicos, económicos o de cualquier otro tipo. Y es obvio que lo que quiere el gobierno de Daniel Ortega es castigar a LA PRENSA por su línea independiente y crítica, someterla a su voluntad como ha hecho con otros medios que ahora actúan como sus sicarios periodísticos, obligarla a autocensurarse e, inclusive, tratar de liquidarla.
LA PRENSA no debe ni un solo centavo en impuestos de ninguna clase. LA PRENSA paga de manera exacta y puntual todas sus obligaciones tributarias. Así lo hemos demostrado de manera reiterada y fehaciente. A título de ejemplo, señalamos que sólo en el curso de los últimos dos años LA PRENSA ha pagado más de cincuenta y nueve millones y medio de córdobas al Fisco por IR, IVA y otros conceptos, y casi quinientos mil córdobas por impuestos municipales. Pero LA PRENSA no tiene por qué pagar ningún impuesto por la importación de papel, por cuanto el artículo 68 de la Constitución establece taxativamente que: “La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos… estará exenta de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales”.
El gobierno de Ortega está reteniendo el papel que es indispensable para la impresión del periódico, a pesar de que ha sido admitido un recurso de Amparo administrativo de LA PRENSA contra el arbitrario cobro de la DGSA. De esta manera el Gobierno y la DGSA están actuando contra ley expresa y por lo tanto cometiendo un delito, pues violan los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de información al público, lo mismo que el artículo 234 del Reglamento del Código Aduanero Unificado Centroamericano (Recauca), que a la letra dice: “La admisión de los recursos establecidos en este capítulo suspenderá la ejecución de la resolución recurrida. No se exigirá garantía ni pago alguno como requisito para admitir los recursos”.
La Corte Suprema de Justicia y los diputados democráticos deben poner fin a este terrorismo fiscal, que hoy se aplica contra LA PRENSA, pero si no se le detiene mañana será aplicado contra otros y todos los demás. La Corte puede detener este terrorismo fiscal fallando los recursos de inconstitucionalidad y de amparo antes mencionados; y la Asamblea Nacional aprobando la ley de protección de la libertad de prensa que está dictaminada y pendiente de aprobación en el plenario. ¿Qué esperan?
