La acusación del presidente Daniel Ortega de que organizaciones de la sociedad civil, partidos democráticos y medios de comunicación independientes están conspirando contra su gobierno, y que reciben para eso orientaciones y financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, no debe ser menospreciada por los acusados. Ahora ellos son sólo imputados por Ortega, en sus discursos, pero mañana podrían ser víctimas de la represión en cualquier forma.
El presidente Ortega no presenta pruebas de su temeraria acusación. Sin embargo da a entender que su Gobierno está espiando a las organizaciones e instituciones acusadas, lo cual en todo caso sería una violación muy peligrosa de los derechos y las garantías constitucionales de los nicaragüenses. De manera que los imputados por el presidente Ortega tienen que exigirle que presente las pruebas de su acusación y, si no las tiene, deberían denunciarlo ante algún tribunal nacional o internacional donde sea posible hacerlo; o al menos apelar a la garantía establecida en la Constitución Política de la República que dice textualmente: “Arto. 45. Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo”.
En realidad, la acusación de conspiración que el presidente Ortega está haciendo contra las organizaciones cívicas, partidos democráticos y medios de comunicación independientes —y por lo consiguiente contra sus dirigentes y representantes—, debe entenderse como una provocación para justificar la represión gubernamental que se podría estar planeando en contra de quienes critican las arbitrariedades del Gobierno.
Esto podría ser la primera fase de un plan totalitario para intimidar primero y reprimir después a la oposición democrática nicaragüense en sus diversas modalidades. Así lo hizo la dictadura sandinista de 1979 a 1990, que encabezó el mismo Daniel Ortega. Primero acusaron a muchas personas de haber estado vinculadas a la dictadura somocista, para despojarlas de sus propiedades y bienes de toda clase, pero sobre todo para satisfacer una insana compulsión represiva. Y después generalizaron la represión contra todos los que no estaban de acuerdo con la desviación totalitaria de la revolución, a quienes igual que ahora acusaron de recibir orientaciones y financiamiento de EE.UU.
Antes de tomar el poder en julio de 1979, Daniel Ortega y el FSLN dijeron que convertirían los cuarteles en escuelas, pero lo que hicieron en realidad fue construir muchísimos más cuarteles, militarizar la sociedad, crear un tenebroso aparato de seguridad del Estado que espiaba hasta la vida íntima de la gente y sembrar de prisiones todo el país, para encerrar a las incontables víctimas de la represión. Incluso vaciaron de fábricas y trabajadores la Zona Franca de Managua y la convirtieron en un inmenso campo de concentración donde encarcelaron a millares de infortunados nicaragüenses.
Todos los dictadores y tiranos comienzan acusando de conspiración a sus críticos, a los disidentes y opositores. Después pasan a la persecución generalizada, a los encarcelamientos y hasta la eliminación física de personas acusadas de conspirar contra el Estado. Así hicieron Lenin y Stalin en la Rusia de los consejos, o sea soviética. Igual hizo Adolfo Hitler en Alemania y los países sometidos por el nazismo. Lo mismo ocurrió en Cuba, donde todavía hoy muchas personas están encarceladas, cumpliendo largas penas de prisión bajo la acusación de ser conspiradores y amigos de Estados Unidos de Norteamérica.
La paranoia es como una enfermedad profesional de los dictadores y tiranos, que ven conspiraciones y enemigos por todas partes y consideran como criminales a quienes los critican y se oponen a ellos. Pero la acusación de conspiración también obedece a planes calculados de manera fría y perversa, para tener pretexto de reprimir cualquier forma de oposición y disidencia.
Como hemos dicho en diversas ocasiones, las circunstancias históricas nacionales e internacionales de ahora son diferentes a las de 1979-1990. Sin embargo Daniel Ortega es el mismo de antes y tal vez peor, debido al afán de revancha que siente por la derrota que sufrió a manos de las fuerzas democráticas en 1990. Pero aún es tiempo de contener su afán totalitario y represivo. Los diputados democráticos pueden y deben hacerlo, legalmente, desde la Asamblea Nacional. Después podría ser demasiado tarde.
