Las alarmas están sonando en San Salvador, Tegucigalpa y Guatemala. Estados Unidos está deportando a miles de sus conciudadanos, en su mayoría inmigrantes indocumentados, en cantidades nunca antes vistas y a ese ritmo este año verá un récord. Es una deportación masiva con serias consecuencias económicas, sociales y de seguridad.
Como lo reportamos ayer en LA PRENSA, decenas de miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños han sido enviados a sus países de ese modo en los primeros seis meses de 2007. Muchas de esas personas se quejan del duro trato recibido de los agentes de Migración estadounidenses.
En la primera mitad del año, unas 10,402 personas fueron deportadas (10,954 hasta el martes de esta semana) a El Salvador; 10, 454 a Guatemala, y en cuanto a los hondureños, las autoridades sostienen que 15,145 han sido expulsados, aunque otras fuentes ponen los estimados entre 30 mil y 40 mil.
Cifras de las autoridades de los tres países indican que las expulsiones duplican a las del mismo período del año anterior.
“Es la mayor cantidad de deportaciones de la historia”, dijo la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Marta Altolaguirre, cuya cartera se encarga también de la migración, citada por la agencia AFP. Altolaguirre pronosticó que de mantenerse esa tendencia “se prevé que a finales de 2007 el número llegue a unos 23,000”. En el 2006 la cifra fue de 18,305.
En el 2005, EE.UU. expulsó a 1,406 nicaragüenses, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, cuya página web no ofrece datos del 2006.
Washington está aplicando sus leyes, a lo cual tiene derecho, pero está mostrando una hiriente insensibilidad hacia los graves problemas que este fenómeno causa en Centroamérica.
El Salvador, Guatemala y Honduras sufren de una emigración masiva que sirve de válvula de escape para sus gravísimos males sociales. Además, sus economías — la de Nicaragua también— se han vuelto dependientes de las remesas. Esos generosos envíos de dinero equivalen a importantes porcentajes del PIB de esos países. En el caso nicaragüense, la cifra es casi la misma de las exportaciones de todo el 2006, un poco más de mil millones de dólares.
¿Qué sería de la economía salvadoreña y de innumerables familias si los 2.5 millones de salvadoreños en EE.UU. no mandaran esos 3,300 millones de dólares, según reportó el Banco Central de Reserva en 2006? Con gran probabilidad —y no hay que ser un genio ni un economista— el comercio y el consumo experimentarían una baja catastrófica y unas empeoradas inseguridad y precariedad social pondrían al país al borde del colapso.
Quienes se ven obligados a regresar van a engrosar las filas de desempleados y de la pobreza. Con frecuencia, dejan atrás a hijos, cónyuges y hasta toda una vida hecha allá. Tragedias humanas quizás irreparables.
Hay un aspecto terrible. Diría yo que hasta escalofriante. Una buena parte de los deportados son individuos con problemas penales; muchos pertenecen a grupos delictivos como las maras. Algunos tienen cuentas pendientes con la justicia de sus países y son detenidos. Otros no, solamente los tienen en EE.UU. y no pueden ser arrestados al llegar.
Tomemos como ejemplo El Salvador. De esos casi once mil deportados hasta esta semana, 2,442 tienen antecedentes penales. Numerosos de ellos seguramente son pandilleros.
¿Qué sucede entonces? Se integran a las “clicas” mareras, o simplemente engrosan las filas de la delincuencia común. Eso también pasa a los otros dos países vecinos.
Y si van a la cárcel, esto no es un gran consuelo. En los tres países, los sistemas carcelarios están en crisis, poseen una sobrepoblación penal y hacinamiento. Registran explosiones periódicas de violencia, asesinatos de reos y desde las prisiones se dirigen acciones delictivas.
Soplan malos vientos para los inmigrantes en EE.UU. La gran nación del Norte está llena de ánimos negativos y la prueba es la muerte de la reforma migratoria en el Congreso. Los legisladores piensan ya en las elecciones del 2008 y saben que sus electores no quieren ninguna concesión a los ilegales, pese a su papel en la economía.
Desafortunadamente solamente hay voluntad y dinero para construir muros, contratar a más policías y practicar deportaciones. Ahora hasta se le quiere negar atención médica o escuelas a los ilegales y sus hijos, a juzgar por la resolución del condado de Prince Williams en Virginia; además esta decisión quiere dar atribuciones migratorias a la policía del condado.
Guatemala, El Salvador y Honduras son tradicionales aliados de EE.UU., socios comerciales en el DR-Cafta. La superpotencia tiene una deuda histórica y moral porque la migración fue intensificada por los conflictos armados de la Guerra Fría.
Las deportaciones masivas agravan los inmensos problemas de Centroamérica y la insensibilidad estadounidense es contraproducente, pues se vuelve, cual círculo vicioso, al mismo punto de partida. La pobreza y la inseguridad reforzadas generan más migración, sobre todo la ilegal.
Es imperativo que los gobiernos del Triángulo Norte y el de Nicaragua acuerden acciones conjuntas en defensa de sus ciudadanos. Es urgente que EE.UU. atienda este clamor y que con nosotros busque soluciones temporales y de largo plazo.
“It´s the law”. “Es la ley”, dice el gobierno estadounidense. Sí, Estados Unidos es un gran país, una nación de leyes. Pero también lo es de inmigrantes.