Hace ya varias semanas que el Poder Judicial anunció, con bombos y platillos, el beneficio otorgado a varios ciudadanos con base en la Ley 473 que permite a personas mayores de 70 años cumplir su condena bajo el régimen de convivencia familiar, o sea en libertad. Entre los beneficiados sobresalió el caso de una señora de 72 años, Vicenta Mercado Velásquez, quien cumplía condena de cinco años de prisión porque encontraron en su casa dos cigarrillos de marihuana. Según la señora Mercado, sus familiares vendieron sus pertenencias para reunir diez mil córdobas que le cobró una abogada defensora, que al fin y al cabo no hizo nada por ella.
Casos como el de doña Vicenta contrastan con el de narcotraficantes extranjeros que son capturados por la Policía con toneladas de droga, pero que no cumplen condena porque son puestos en libertad por el sistema judicial. Los casos de narcotraficantes sobreseídos y de narcodólares utilizados para conseguir su libertad son ya asunto de todos los días en Nicaragua.
Casos como aquella bochornosa sustracción de más de 600 mil dólares de la Corte Suprema de Justicia —en la que se vio involucrado uno de sus magistrados—; así como la liberación de tres narcotraficantes el viernes pasado por errores “técnicos” de la Fiscalía, a pesar de que había suficiente evidencia que conectaba a estos individuos con el transporte de 3,100 kilos de cocaína desembarcados en las costas de Masachapa, ponen en muy mal predicamento al Poder Judicial de Nicaragua.
De poco sirve que la Policía y el Ejército utilicen recursos económicos de los contribuyentes, hagan esfuerzos titánicos y arriesguen las vidas de sus miembros para capturar delincuentes armados hasta los dientes, si el sistema judicial los deja en libertad en un dos por tres. Es típico el caso de los sospechosos de pertenecer al Cártel de Sinaloa, cuyos juicios se ventilan en los juzgados de Tipitapa. Apenas se supo de su captura, les llovieron ofertas de abogados defensores “especialistas”, incluyendo una juez suplente. Los abogados “especialistas” suelen tener excelentes “contactos” y los narcotraficantes lo saben. Así que, apenas caen, llueven los fajos de dólares y el sistema se pone en marcha de manera eficiente.
El problema de fondo es la politización del Poder Judicial que han hecho los caudillos pactistas, quienes toleran y protegen a jueces corruptos a cambio de que éstos hagan de la justicia un arma arrojadiza en contra de sus adversarios políticos, o de ciudadanos que denuncian actos de corrupción que les afectan. Sólo hay que ver el precio que están pagando los señores Armel González y Alejandro Bolaños Davis, por denunciar supuestas extorsiones de parte de prominentes sandinistas contra inversionistas en Tola. A González se le impuso una retención migratoria, que ayer se le suspendió porque de acuerdo con una disposición de la Corte Suprema de Justicia, sólo se debe ordenar retención migratoria por juicios de alimentos. Y aún así, si el demandado ofrece garantía monetaria suficiente, la retención migratoria puede levantarse. Por otro lado, en el juicio por injurias y calumnias que se ventila en contra del señor González, la pena es pecuniaria, o sea en dinero, no la cárcel, ya que no se considera que represente un peligro para la sociedad. De manera que la ilegal retención migratoria sólo podía considerarse como intimidación de quienes manejan los hilos detrás de los jueces.
El caso del diputado Alejandro Bolaños Davis no es menos escandaloso y vergonzoso desde el punto de vista legal. Más que su diputación, a los corruptos de Nicaragua les interesa despojarlo de su inmunidad para dejarlo indefenso ante la maquinaria judicial de los pactistas y no hay que ser profeta para saber que será condenado.
Ante el grave desprestigio del sistema judicial nicaragüense, llama la atención que miles de jóvenes todavía quieran estudiar Derecho y ejercer una profesión tan desprestigiada. Esto sólo puede explicarse de tres maneras: unos porque realmente llevan el Derecho en la sangre; otros porque tienen la esperanza de que la corrupción se termine algún día; y algunos más porque, conocedores del río revuelto de nuestro sistema judicial, esperan convertirse en “especialistas” en narcotraficantes para salir apresuradamente de la pobreza.
