La oposición tiene la fuerza suficiente, en la Asamblea Nacional, para impedir que el proyecto autoritario de Daniel Ortega siga avanzando y atropellando legalidad, instituciones, monumentos culturales, derechos y libertades de los nicaragüenses.
La Asamblea Nacional está integrada por 92 diputados —incluyendo al ex presidente Enrique Bolaños—, de los cuales 50 son del PLC, ALN y MRS, y 41 son del FSLN y sus aliados. Con Bolaños los diputados de oposición —en el entendido de que todos ellos son realmente opositores— serían 51, lo cual significa una consistente mayoría parlamentaria.
Con esa cantidad de diputados el PLC, ALN y MRS no podrían aprobar una reforma constitucional parcial, porque para eso se necesita un mínimo de 55 votos. Tampoco podrían elegir magistrados, contralores, fiscal y vicefiscal general de la República ni al superintendente de bancos y otras instituciones financieras, que requieren la misma cantidad de votos. Sin embargo, para aprobar las leyes ordinarias sólo hacen falta 47 votos parlamentarios. De manera que, juntos, los partidos PLC, ALN y MRS podrían perfectamente aprobar las leyes necesarias para, por ejemplo, neutralizar los consejos o soviets que está creando el gobierno de Daniel Ortega; o para impedir que los cuantiosos fondos generados por el petróleo venezolano sean manejados como un presupuesto paralelo e ilegal; o para aprobar una ley de protección a la libertad de expresión y de prensa; así como para reformar la ley que regula los nombramientos en el Poder Judicial de los cargos abajo de la Corte Suprema de Justicia.
Aprobando leyes como esas, los votos unidos de los diputados del PLC, ALN y MRS podrían detener el autoritarismo de Ortega, salvaguardar las instituciones democráticas y preservar las libertades individuales de los ciudadanos nicaragüenses. Además, para eso ni siquiera hay que pensar en la unidad de los dos partidos liberales, PLC y ALN, que sin duda es un asunto demasiado complicado. Bastaría con un acuerdo de las bancadas parlamentarias alrededor de una agenda común que incluya temas como los antes mencionados.
Seguramente el planteamiento de la unidad de los partidos liberales, con o sin el liderazgo del ex presidente Arnoldo Alemán, es interesante para los mismos liberales, sean del PLC o de ALN. Pero no lo es para los demás nicaragüenses democráticos. Inclusive es un planteamiento inoportuno, porque la unidad presupone que uno de los dos partidos liberales absorba al otro. O que los dos se disuelvan para constituir una nueva entidad política, o sea el partido liberal sin apellidos. En cambio, lo que está necesitando Nicaragua, de manera imperiosa, no es la unidad o la fusión de los partidos liberales sino una alianza democrática para realizar acciones comunes que detengan la caída de Nicaragua en el despeñadero totalitario, adonde la está empujando el gobierno de Daniel Ortega.
En general, una alianza permite a cada partido conservar su identidad ideológica y política, nadie tiene que renegar de sus principios y creencias. Y de una alianza parlamentaria con objetivos democráticos podrían formar parte no sólo el PLC y la ALN, sino también el MRS, pues la resistencia contra el autoritarismo danielista le interesa también y mucho, a este partido. Es más, en una alianza los dos partidos liberales y el MRS hasta podrían ir juntos a las elecciones municipales del próximo año, que tendrán una gran significación estratégica y en las cuales se debe procurar una derrota contundente del orteguismo.
Precisamente en esta semana, el presidente de la ALN y el jefe de bancada del PLC dieron a conocer públicamente, cada quien por su parte, importantes temas legislativos que podrían ser base de una alianza democrática parlamentaria, a los cuales se podrían agregar los puntos que proponga el MRS. No hay, pues ninguna razón para seguir impidiendo la acción común en la Asamblea Nacional a fin de detener el avance del autoritarismo.
Las fuerzas democráticas nicaragüenses tienen la mayoría en el Poder Legislativo. Esa mayoría está ahora dispersa pero es perfectamente posible juntarla en una alianza parlamentaria multipartidista. Sólo así se podría impedir que Daniel Ortega consiga su objetivo de restaurar el autoritarismo del siglo pasado y llevar el país al totalitarismo del siglo XXI.
