El canal extranjero de televisión conocido como Telesur, es un instrumento de singular importancia para la exportación ideológica de la revolución bolivariana y el “socialismo del siglo XXI”, que lidera el dictador militar venezolano Hugo Chávez. Algunos gobiernos latinoamericanos de izquierda moderada son socios minoritarios de Telesur, pero quien controla esta empresa de propaganda política es Hugo Chávez, quien la utiliza para diseminar internacionalmente las ideas de su proyecto totalitario.
En realidad, la exportación de la revolución y del socialismo ha sido una constante en la historia. Desde la revolución bolchevique y la república de los consejos (soviets) de Rusia, pasando por los países comunistas satélites de Europa Oriental, así como por China y otros países comunistas asiáticos, hasta llegar a Cuba en América Latina, todos ellos intentaron de una u otra manera expandir su sistema hacia los países vecinos y más allá. Para eso atropellaron fronteras y soberanías nacionales, violaron las normas del derecho internacional y provocaron guerras regionales y locales. Incluso los comandantes sandinistas, quisieron exportar su revolución hacia los países vecinos, pero lo que lograron fue insertar a Nicaragua en el conflicto Este-Oeste y sumir a la nación en una sangrienta guerra civil, cuyas consecuencias negativas no se han podido superar hasta hoy.
Ahora es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda exportar la revolución y el socialismo totalitario como se hacía durante el siglo pasado. Pero los modernos medios de comunicación facilitan su expansión ideológica y política y tal es el propósito que Chávez le ha asignado a Telesur. Esta televisora propagandística comenzó sus emisiones internacionales el 24 de julio de 2005 y fue inicialmente conformada por cuatro gobiernos accionistas: Venezuela, con el 51 por ciento de las acciones y, por lo tanto, el control de su programación y operación; Argentina, 15 por ciento; Cuba, 19 por ciento; Uruguay 10 por ciento y Bolivia 5 por ciento. Se dice que ahora el gobierno sandinista de Nicaragua también es accionista de Telesur, pero se desconoce el monto de sus acciones y cuánto y cómo pagó el gobierno de Daniel Ortega por ellas.
De todas maneras, es muy significativo que la información acerca de que la señal de Telesur será transmitida en Nicaragua por medio del Canal 6, el cual pertenece al Estado, se conoció porque vino a decirlo un funcionario venezolano, mientras que el Ministro de Educación, a cuyo cargo está legalmente el Canal 6, dijo no estar informado del asunto. De lo que se puede inferir que Chávez y Ortega habrían negociado la entrega del Canal 6 a Telesur, pasando por encima de la Constitución, de la Ley y de la institucionalidad de Nicaragua.
Los diputados democráticos a la Asamblea Nacional deberían tomar cartas en este asunto. De acuerdo con el Artículo 68 de la Constitución de Nicaragua: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”. Y la entrega del Canal 6 a Telesur parece ser un claro caso de sometimiento a intereses extranjeros por parte de un medio de comunicación nacional que, además, es patrimonio del Estado de Nicaragua.
Los nicaragüenses tienen derecho a mirar la estación o la programación de televisión que quieran, incluyendo la de Telesur o cualquiera otra de carácter propagandístico, político, comercial o del tipo que sea. Lo que no se puede ni se debe hacer es obligar a la gente a ver sólo uno o algunos canales determinados, como lo hizo el gobierno sandinista durante los años de 1979 a 1990. En aquel período la dictadura del FSLN y Daniel Ortega impuso una cadena sandinista de televisión, que era lo único que se podía ver y en cuyo noticiero oficialista se burlaban de los televidentes, con un anuncio en el cual un hombre de aspecto humilde decía, detrás de cercas de alambre, que él era “libre como la luz del día”.
El Canal 6 de televisión no debe ser entregado a los intereses extranjeros de ningún país o líder político. El Canal 6 debe ser operado como un medio nacional y educativo, tal como fue decidido desde que el pueblo puso fin con su voto a la dictadura sandinista, en 1990, pero los gobiernos democráticos no pudieron o no quisieron implementarlo.
