El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, arremetió el sábado pasado contra los dirigentes opositores que quieren formar una amplia alianza que permita detener su empuje autoritario y dictatorial que viene practicando desde que asumió el poder presidencial, en enero del presente año.
En efecto, durante la celebración de un aniversario más del natalicio de Sandino, el recién pasado 19 de mayo, en Niquinohomo, Ortega desempolvó sus agresivos discursos de la época de la revolución sandinista y calificó a los líderes opositores de “peleles del imperio” y “vende patria”; los acusó de ser “financiados por ya saben quién” (refiriéndose, obviamente, a Estados Unidos de Norteamérica). Además, Ortega aseguró que las reuniones que han celebrado los ex candidatos presidenciales, Eduardo Montealegre, José Rizo y Edmundo Jarquín, manifiestan el interés de “la oligarquía” en “unirse contra el pueblo”, o sea contra el mismo Daniel Ortega que se califica a sí mismo como “el pueblo”.
Sin duda que al presidente Ortega le preocupa mucho la posibilidad de que se forme una amplia alianza opositora, de otra manera no se hubiera referido al asunto en los términos que lo hizo. Pero su actitud no es políticamente inteligente, puesto que con sus ataques a los dirigentes de la oposición y demás personas que adversan al actual Gobierno, estos no van a salir en desbandada sino que más bien se unirán para enfrentar al adversario común.
También es evidente que el presidente Ortega no ha aprendido la lección de la historia; no reconoce sus errores, más bien los repite y con toda seguridad que otra vez le estallarán en la cara. De esta manera es el mismo presidente sandinista quien confirma lo que hemos venido diciendo: que las circunstancias de Nicaragua y el mundo son ahora muy distintas a las del período 1979-1990, sin embargo Daniel Ortega no ha cambiado, sigue siendo el mismo de antes.
En realidad, debió ser el mismo presidente Ortega quien, en honesto reconocimiento del carácter minoritario de su nuevo gobierno, convocara a la oposición política y a la sociedad civil a fin de proponerles un acuerdo nacional para la gobernabilidad democrática en pro de la justicia social, por la reducción de la pobreza, por el cambio del estilo de la administración pública, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia participativa, que supuestamente son sus objetivos programáticos.
Si es cierto que esas son sus verdaderas intenciones, el presidente Ortega debería reconocer que necesita ponerse de acuerdo con la oposición política y las expresiones independientes de la sociedad civil, para poder realizar su programa de gobierno. Si tal fuera el caso, Ortega debería comprometerse a respetar el sistema democrático de gobierno y las libertades individuales y públicas de los nicaragüenses; asumir el compromiso de fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de derecho, así como respetar el principio constitucional de no reelección, que serían algunas de las demandas lógicas y necesarias de la oposición política y social.
Pero en vez de hacer eso —que es lo que haría un estadista moderno y democrático— Daniel Ortega prefiere escoger el camino del enfrentamiento, lo que hace prever que el país se encamina hacia una crisis política e institucional que inevitablemente lo obligará a buscar la negociación y el acuerdo con sus adversarios. En realidad, el mismo Daniel Ortega con sus políticas autoritarias y sectarias está uniendo a la oposición. Si no fuera por el atropello a la legalidad que viene haciendo desde el mismo día en que asumió el empleo presidencial, y de no ser por sus claras intenciones de imponer de nuevo un régimen autoritario de la oligarquía “revolucionaria”, cada partido y grupo político y social estarían en lo suyo, sin preocuparse por hacer alianzas ni unificaciones pues no habría ninguna necesidad de eso.
Tal vez el presidente Daniel Ortega cree que el pacto con Arnoldo Alemán y la docilidad arnoldista de la bancada parlamentaria del PLC es suficiente para hacer lo que él quiera desde la Presidencia de la República. Pero lo más probable es que Ortega sufra una —o más bien otra— gravísima equivocación. Sólo que quien paga las consecuencias de eso no es el mismo Ortega, sino Nicaragua, su economía, su democracia, su libertad, su futuro.
