LA PRENSA informó en su edición del lunes 5 de marzo corriente, que la Contraloría General de la República (CGR) autorizó la liquidación de empleados y funcionarios de la Intendencia de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) por un monto de 7.4 millones de córdobas. Sumando la cantidad específica que recibió cada funcionario hay tres de ellos que acumulan más de un millón de córdobas. De hecho, alguien recibió 70 mil córdobas por cada uno de los cinco meses que duró su nombramiento (al margen, claro, de su salario mensual). Otros sólo trabajaron cuatro meses y, sin embargo, recibieron excesivas sumas de dinero. La lista de los “ premiados” asciende a setenta y siete personas.
¿Cómo se puede esperar que la pobreza disminuya y el país prospere, cuando se regala y despilfarra de esta manera el dinero de los contribuyentes?
Aunque el presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, haya reconocido que esta liquidación es ilegal y que hubo un error de parte de los auditores, queda la duda en la ciudadanía acerca de qué hubiera pasado si LA PRENSA no hubiera investigado y publicado este abuso. El Código del Trabajo en su Título II, Capítulo VI: artículo 45, dice: “Cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada, pagará al trabajador una indemnización equivalente a: (1) un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo y (2) veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. El artículo 47 agrega: “Cuando se trate de trabajadores de confianza descritos en el acápite a) del artículo 7 del presente Código no habrá reintegro, pero el empleador deberá pagar en concepto de indemnización una cantidad equivalente entre dos meses y hasta seis meses de salario, siempre y cuando el trabajador tenga un mínimo de un año continuo de trabajo, sin perjuicio del pago de otras prestaciones o indemnización a que tuviere derecho.” No se necesita ser un auditor para entender que los de la Sisep no tenían derecho a indemnizaciones.
En Nicaragua estamos padeciendo de una enfermedad moral cada vez más difundida que se llama “falta de pudor”. Da la impresión que mucha gente perdió por completo la vergüenza, el orgullo que produce el trabajo duro y la vida honrada. Una nueva filosofía se ha impuesto: la del oportunismo y del enriquecimiento apresurado. Los soñadores de ideales fueron sustituidos por individuos excesivamente metalizados y a esta generación se le está enseñando que sólo hay tres maneras de prosperar en Nicaragua: haciéndose juez, político o narcotraficante. La ciudadanía es testigo. Un vecino que vive modestamente, de repente comienza a remodelar su casa con gran lujo y derroche; compra un automóvil europeo y todos los fines de semana organiza fiestas. Un día cualquiera llega la Policía antinarcóticos, allana su casa y encuentra cocaína o cualquier otra droga. Un jovenzuelo recién graduado pero con afiliación política destacada queda como diputado y en pocos años construye un palacete en una zona privilegiada a orillas de alguna carretera. Muchos abogados sueñan con ser jueces para “retirarse” jóvenes. Todavía queda por aclarar el caso de los 609 mil narcodólares perdidos bajo el custodio de la Corte Suprema de Justicia en el 2005.
Hay jueces que llegan a sus oficinas a las diez de la mañana y a las doce salen desbocados en busca del almuerzo. Algunos regresan a sus despachos a las tres de la tarde. Otros deciden tomarse la tarde libre pero al final del mes, siempre cobran el total de sus cheques y nadie les exige el cumplimiento de sus horarios. Esta vagancia y holgazanería es la principal razón de la retardación de justicia. Un recurso de apelación puede pasar guardado tres, cinco y hasta siete años y cuando los abogados llegan a tratar de presionar al juez o magistrado, éste responde que tiene que esperar su turno.
Estos y otros males son resultado de una sub cultura de irrespeto a la institucionalidad y a las leyes. Si queremos que Nicaragua prospere habrá que hacer cambios radicales y no seguir eligiendo a caudillos primitivos y corruptos como gobernantes.
