- El 75% de los plagios mundiales ocurre en la región
Bogotá/EFE
El secuestro en Latinoamérica, que ocupa el primer lugar en el mundo con el 75 por ciento de los plagios, se ha convertido en una transnacional que opera principalmente con fines económicos, aunque los casos más conocidos son los raptos políticos.
La cooperación entre sectores radicales, grupos guerrilleros y bandas de delincuencia común toma cada vez mayor fuerza en los secuestros políticos, producto de la lenta, pero inevitable integración regional.
Las cada vez más difusas fronteras han permitido a los secuestradores estrechar relaciones con sus pares de los países vecinos e incluso hablar hoy del “trasteo” de rehenes, como el que insinúa el gobierno colombiano se hizo con Ingrid Betancourt, quien cumple mañana cinco años en poder de las FARC.
Colombia, hasta hace poco el país con el mayor número de raptos del mundo, es el que más se queja de la existencia de esa red transnacional y acusa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de “exportar” sus técnicas a la región y de usar las zonas selváticas de frontera para llevar a los plagiados a otros países.
La cooperación de los rebeldes colombianos se evidenció en el 2005, cuando el gobierno paraguayo responsabilizó a las FARC de asesorar a militantes del sector radical del Partido Patria Libre (PPL) para que secuestraran en septiembre de 2004 a la hija mayor del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas Grau (1998-1999).
El cadáver de Cecilia Cubas fue encontrado cinco meses después en una fosa cavada en una vivienda de las afueras de Asunción y luego de que su familia pagó 300,000 dólares.
La organización responsable de ese rapto también es acusada de sonados secuestros, como el de la nuera del ex Ministro de Hacienda, Enzo Debernardi, en el 2002.
Los plagios que involucran a movimientos guerrilleros de otros países también han tenido como escenario a Bolivia, donde en 1995 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú tomó como rehén al actual jefe de la centrista Unidad Nacional y miembro de la Asamblea Constituyente, Samuel Doria Medina.
El dinero que se entregó por la liberación de Doria Medina, ex Ministro de Planeación, fue usado por los insurgentes peruanos para planear y ejecutar dos años después el asalto a la embajada japonesa en Lima.
En Brasil el secuestro también ha involucrado a organizaciones rebeldes latinoamericanas que pretendían financiar sus acciones con el plagio de empresarios.
En 1989 cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, junto con dos militantes argentinos, dos canadienses y un brasileño secuestraron al empresario de Brasil Abilio Diniz.
Años después, un grupo de extremistas integrado por tres chilenos, dos colombianos y una argentina nacionalizada española, y liderado por Mauricio Hernández Norambuena, un conocido ex guerrillero de Chile, secuestró en el 2001 a un publicista brasileño con la finalidad de obtener recursos para financiar su movimiento.
Una de las retenciones por causas políticas que tuvo resonancia ocurrió el 2 de enero de 1994 en México, cuando un día después de alzarse en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó como rehén al general retirado y ex gobernador del Estado de Chiapas, Absalón Castellanos, a quien liberaron días después.
Asimismo, Costa Rica ha sufrido casos de secuestro por parte de bandas internacionales que se unen a delincuentes nacionales para cometer los raptos.
El caso más reseñado fue el secuestro en 1996 de la alemana Nicola Fleuchaus y la suiza Regula Susana Siegfried por parte de un comando integrado por costarricenses y ex guerrilleros nicaragüenses que negociaron la liberación con los familiares de las europeas.
Otro de los raptos que tuvo un amplio despliegue en 1992 fue el del entonces Ministro costarricense de Seguridad, Luis Fishman, a manos del hondureño Orlando Ordóñez, quien se las arregló para llevar a su rehén a Honduras en avión y exigir el pago de 100,000 dólares por su liberación.
