Varios miles de campesinos productores de coca volvieron a ocupar ayer la plaza principal de la ciudad boliviana de Cochabamba, para insistir en la dimisión del prefecto (gobernador) del distrito, Manfred Reyes, mientras siguen trabadas las gestiones para una solución negociada del conflicto.
Los cocaleros reingresaron a la plaza 14 de Septiembre de la urbe cochabambina a pesar de la presencia de fuerzas de la Policía y del Ejército, que habían retomado el control del lugar tras la retirada de los campesinos el pasado viernes por la tarde.
El secretario de Actas de la Federación de Cocaleros del Trópico, Asterio Romero, declaró a EFE que los sindicatos del Chapare decidieron realizar una marcha pacífica para reafirmar su decisión de exigir la salida del prefecto Reyes Villa, cuestionado desde que propuso hacer un nuevo referendo sobre autonomía en la región.
“No nos iremos de Cochabamba” hasta lograr la renuncia del gobernador, sostuvo el dirigente minutos antes de empezar la nueva manifestación, que estuvo controlada por miembros de la Policía Sindical.
“No hemos venido a romper edificios ni a agredir a periodistas”, alegó Romero al afirmar que no son los campesinos quienes están llevando a cabo este tipo de acciones violentas en la ciudad.
El dirigente dijo que aún no hay pactada ninguna reunión con el prefecto, cuestionado para resolver la crisis y aclaró que la oferta de la Iglesia católica para mediar en el conflicto no es pertinente, porque “el problema es con el prefecto Reyes Villa” y no con los demás gobernadores que le apoyan.
Desde Santa Cruz, donde está reunido con sus colegas de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz, el prefecto cuestionado volvió a cuestionar la postura del presidente Evo Morales, al que culpó de la movilización y de los dos muertos y dos centenares de heridos que dejó el jueves pasado.
“Morales está dividiendo al país; está soliviantando. Él es también presidente de la Federación de Cocaleros, que han ido a causar luto a Cochabamba”, protestó la autoridad departamental en declaraciones al canal de televisión Unitel.
Sin embargo, Reyes aceptó la propuesta del gobernante para aprobar una ley que revoque el mandato de las autoridades que sean corruptas, vulneren los derechos humanos y no cumplan sus promesas electorales.
“Todos los prefectos estamos decididos a someternos al referendo revocatorio”, como plantea el presidente, señaló al ratificar su disposición a discutir el conflicto con el gobierno nacional.
Entre tanto, los mediadores no lograron aún reunir a las partes que pugnan por el poder en esta región central del país, debido a la intransigencia de las posiciones de ambos, informó ayer a EFE el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Albarracín, junto a representantes de la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desplegó intensas tratativas con ambas partes pero reconoció que no había conseguido la aceptación a un encuentro para dialogar.
El Defensor indicó a EFE que “todavía no hay resultados” al respecto, a pesar de las conversaciones que sostuvo con varios ministros del presidente Morales y con diputados de la región.
“El panorama está todavía difícil”, explicó al admitir que habló con el prefecto Reyes Villa, quien le propuso que el esperado encuentro se efectúe en otra ciudad, algo que los campesinos rechazan.
“El prefecto todavía no ha aceptado reunirse con los sectores. Insiste en encontrarse con el Gobierno”, subrayó.
Albarracín agregó que continuará trabajando para “allanar los imponderables” que se han presentado hasta ahora.
En la mañana fue sepultado el joven que falleció presuntamente por la acción de los cocaleros el jueves pasado.
A pesar de que la población local sigue atemorizada por la violencia suscitada en los últimos días, las actividades se reanudaron ayer en la ciudad, incluso en las carreteras, por donde los autobuses volvieron a circular tras cinco días de bloqueos.