- Algunos recibieron beneficios legales y sólo cinco, de las 22 personas que fueron arrestadas durante el sonado operativo policial de hace tres años y medio, cumplen condenas en Waswalí. Mientras tanto 35 reos que padecen enfermedades crónicas y otros ocho privados de libertad, mayores de 70 años, siguen cumpliendo las penas pese a que, según la ley, podrían ser sujetos de beneficios
Corresponsal/Matagalpa
La Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte (TACN), con sede en Matagalpa, ordenó la liberación de José Francisco Soza Artola, quien estuvo recluido en el Sistema Penitenciario Regional (SPR) de Waswalí, tras ser procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Artola, conocido como “La Panchona”, fue liberado el 30 de noviembre último después de ser sobreseído a través de una sentencia dictada dos semanas antes por la Sala Penal del TACN, en la cual esa instancia declara “ha lugar” a una excepción de extinción de la acción penal interpuesta por la defensa del ahora ex reo, porque la sentencia condenatoria presuntamente fue dictada después del plazo máximo de duración del proceso.
Artola y otras 21 personas fueron arrestados durante un operativo antinarcótico ejecutado por la Policía el 26 de junio del año 2003 en contra de los presuntos expendedores de drogas más connotados de la ciudad de Matagalpa, acción que fue denominada Plan Escoba.
PLAN PURO AIRE
De la acción policial resultaron nueve procesos penales que ese año fueron ventilados en el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Matagalpa (JSDP), donde algunos de los acusados fueron sobreseídos por falta de méritos, mientras la mayoría era culpada por ilícitos relacionados con el narcotráfico. Hoy, sólo cinco de los procesados guardan prisión en el SPR.
En uno de los casos, Artola fue procesado junto a Juana Isabel Rivera Hernández. El juicio oral y público inició el miércoles 26 de noviembre del año 2003 y concluyó durante la madrugada del día siguiente. El entonces titular del JSDP, Frank Rodríguez, sobreseyó a Rivera y encontró culpable a Artola.
Después de la audiencia del debate de la pena, realizada el 28 de noviembre, el juez Rodríguez dictó sentencia a las 8:00 p.m. del 4 de diciembre, a través de la cual condenaba a Artola a la pena principal de 12 años y seis meses de presidio más una multa de un millón de córdobas.
Tres años después y dudando de la hora y fecha de la sentencia dictada por Rodríguez, la Sala Penal del TACN resolvió anular y dejar sin efecto la resolución de primera instancia y dictó el sobreseimiento para Artola aplicando la figura de extinción de la acción penal porque “no se dictó sentencia dentro del plazo máximo de duración del proceso”.
La misma figura de extinción de la acción penal fue aplicada por la Sala Penal del TACN y ratificada, vía recurso de casación, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Freddy Rostrán Martínez, conocido como “Bojo de Yuca”; Arelys María Chavarría Blandón, Arturo Chavarría Urrutia y María Elena Chavarría Blandón, quienes fueron liberados en marzo de este año.
Los cuatro ex reos cumplieron menos de tres años de presidio pese a que, en primera instancia, cada uno había sido condenado a más de diez años de presidio por el suplente del JSDP, Álvaro Ruiz Cerros.
En el juicio en primera instancia, Ruiz impuso condenas diferentes para los cuatro procesados. A Rostrán, culpado por varios delitos, le impuso penas distintas que totalizaban 11 años de presidio y ocho años de prisión, más multas por cada ilícito, las cuales totalizaban 1.8 millones de córdobas.
“KIKO” RECIBIÓ BENEFICIOS LEGALES
Otro de los ex reos del Plan Escoba es Víctor Enrique Roa Jiménez, conocido como “Kiko”, liberado en agosto recién pasado tras la aplicación judicial de la figura del abono legal y haber sido beneficiado por una “reducción” de condena por parte de la Sala Penal del TACN.
Cuando fue arrestado, el 26 de junio del 2003, Roa declaró ante diferentes medios de comunicación que era un “agente encubierto” antinarcóticos de la Policía y posteriormente, por sentencia de las 6:00 p.m. del 10 de diciembre del mismo año, dictada en el JSDP, fue condenado a 11 años de presidio y multa de un millón de córdobas por el delito de tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, en la modalidad de expendio.
Pero, el 13 de marzo del 2006, la Sala Penal del TACN reformó la sentencia de primera instancia y disminuyó a seis años de presidio la condena principal en contra de Roa.
Más tarde, por sentencia del 24 de agosto de este año, la ex juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Matagalpa, María Carolina Ortega, declaró “extinta por cumplimiento de condena”, la pena de seis años de presidio que impuso la Sala Penal del TACN en la sentencia del 13 de marzo.
La juez Ortega consideró que, desde que fue arrestado el 26 de junio del año 2003 hasta el 24 de agosto de este año, Roa había cumplido con “un abono legal por tiempo de detención durante el proceso de dos años, ocho meses y 17 días”.
De los 22 procesados a raíz del Plan Escoba, sólo José Raúl Martínez Arauz, Gloria María Pérez Romero y Miguel Palacios Palacios, además de Yadira Estrada Centeno, “La Gata”; y Francisco Orozco Flores, “Chico Bota”, siguen guardando presidio en las celdas del Sistema Penitenciario Regional de Waswalí.
