Uno de los más frecuentes errores que cometen los políticos estatistas y populistas, es creer que por vía de decreto pueden resolver los problemas económicos y sociales. La intención de incrementar los salarios de los empleados públicos, civiles y militares, es loable desde cualquier punto de vista que se le mire. Y no sólo los empleados públicos sino también los de la empresa privada merecen ganar mejores salarios, que al menos se equiparen al costo de la vida. Pero esto no se logra por decreto, como hacen los diputados y los magistrados, quienes aumentan regularmente los montos de sus propios privilegios en vez de mejorar la remuneración de los trabajadores mal pagados de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial.
De cualquier manera que sea, los diputados no pueden ni deben dictar aumentos de sueldos sin considerar la realidad económica y los límites presupuestarios del país. Hacerlo así es una soberana irresponsabilidad.
Un gobierno serio y responsable sabe que debe mejorar la condición de los empleados públicos y de los ciudadanos en general, pero también tiene que entender que no lo puede hacer únicamente por medio de decretos. De nada sirve, por ejemplo, aprobar una ley para que se aumenten los salarios de un determinado sector de empleados públicos, o de todos en general, si no se tiene el respaldo económico y presupuestario para que se pueda hacer realidad tal decreto.
Enrique Krause, escritor mexicano, director de la revista Letras Libres, publicó un artículo en El País, de España, en el cual enumera 10 características del populismo y del gobernante populista: (1) exalta al líder carismático (no hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo); (2) no sólo usa y abusa de la palabra: se apodera de ella; se siente el intérprete suprema de la verdad general; (3) fabrica la verdad y, en consecuencia, aborrece la libertad de expresión porque no quiere ser criticado; (4) utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas; (5) reparte directamente la riqueza pero no de manera gratuita: su ayuda la cobra luego en obediencia; (6) alienta el odio de clases. (7) moviliza permanentemente a los grupos sociales. Apela, organiza, enardece a las masas; (8) fustiga por sistema al “enemigo exterior” buscando aceptación interna; (9) desprecia el orden legal. Por eso, una vez en el poder, el caudillo induce la “justicia directa” (“popular”, “bolivariana”) que, en términos prácticos, es la justicia que el propio líder decreta; y (10) mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal.
Los peligros del populismo para la democracia se pueden visualizar más claramente en el desastre económico causado por Fidel Castro en Cuba y en lo que Daniel Ortega hizo en Nicaragua en los ochenta. El populismo no permitió que estas y otras economías latinoamericanas crecieran. Fue una “década perdida”.
Lo que Hugo Chávez está haciendo actualmente en Venezuela es también ilustrativo. La economía venezolana, a pesar de los inmensos —aunque no inagotables— recursos de ese país, no está creciendo como podría debido a la política asistencialista del dictador Hugo Chávez. El incremento del gasto público sin crecimiento económico real genera desequilibrios fiscales, aumento de la deuda interna y externa e inestabilidad general que luego toma a los países muchos años para superar.
Krause comenta que: “El populismo tiene, por añadidura, una naturaleza perversamente ‘moderada’ o ‘provisional’: no termina por ser plenamente dictatorial ni totalitario; por eso alimenta sin cesar la engañosa ilusión de un futuro mejor, enmascara los desastres que provoca, posterga el examen objetivo de sus actos, doblega la crítica, adultera la verdad, adormece, corrompe y degrada el espíritu público”.
El FMI ya ha enviado una primera exhortación a Daniel Ortega para que ejerza “vigilancia con respecto a las presiones de mayores salarios en el sector público y subsidios, que podrían afectar adversamente la estabilidad y competitividad”. El mensaje hay que enviarlo también a los diputados que asumirán en la próxima legislatura, quienes deben ser prudentes en el manejo de la política económica y no abusar con decretos que no tomen en consideración el crecimiento real de la economía nacional.
