Los observadores nacionales insistieron ayer en que el Consejo Supremo Electoral (CSE) debe recuperar “agresivamente” el control de la distribución de las cédulas de identidad y documentos supletorios en la media docena de municipios donde los ciudadanos han denunciado esta semana que sus documentos están en poder de miembros del Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El presidente del CSE, Roberto Rivas, aseguró el miércoles que el Consejo investigará estas denuncias, que sin embargo, descartó de antemano tras invitar a los ciudadanos a que presenten su denuncia formal a este poder del Estado.
No obstante, el director ejecutivo del grupo cívico Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, advirtió que no basta con decir que se va a investigar porque ésta puede ser una manera de “capear el bulto hasta después de las elecciones” y recomendó que el CSE envíe a sus magistrados a visitar estos Consejos Electorales Municipales (CEM) donde se han reportado las anomalías.
También el director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, manifestó que las autoridades electorales deben “meter la mano” con más energía para resolver estas denuncias.
Zúñiga estima que estas anomalías son hechos aislados que ocurren en algunos municipios del país, pero advierte que crea “una atmósfera de desconfianza y duda”.
