[/doap_box]
El alcalde sandinista de Granada, Álvaro Chamorro Mora, se opuso nuevamente a un acuerdo en el cual el Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes (Injude) otorgaría por tres años la administración del Estadio Roque Tadeo Zavala al Club de Beisbol Tiburones.
La comuna sultaneca evitó ayer que el club utilizara el campo para los entrenamientos de los jóvenes miembros de la academia, con el argumento de que la administración del Estadio de Granada le pertenece a la alcaldía de la ciudad y —en consecuencia— es la única que tiene los derechos de arrendamiento.
En respuesta a la resolución, los representantes del Club de Beisbol Tiburones realizaron una marcha pacífica que concluyó frente a las oficinas de la Alcaldía Municipal.
“Hemos perdido casi tres años de entrenamiento y mucho dinero,”, aseguró Douglas Lacayo, presidente de la academia.
De acuerdo a Lacayo, el año pasado los socios del club invirtieron más de cuarenta mil dólares en mantenimiento de luces, asientos, pizarras y terreno del estadio. Este año estaban invirtiendo unos 66 mil dólares.
Según el decreto 1542 del 28 de septiembre de 1984, publicado en La Gaceta Diario Oficial el 3 de octubre de 1984, y la Ley 522 publicada en La Gaceta 68 del 2005, el Estadio Roque Tadeo Zavala pertenece al Instituto de Deportes. Por lo tanto, la comuna granadina no tiene derechos legales sobre la administración del campo.
Sin embargo, la ley indica que las autoridades municipales tienen la obligación de asignar una partida presupuestaria para el mantenimiento del estadio, algo que tampoco ha cumplido la administración de Chamorro Mora.
El director ejecutivo del Injude, Roberto Urroz, dijo vía telefónica desde Guatemala que la Alcaldía de Granada dictó una resolución legal contra el Injude alegando que tiene derechos sobre el estadio.
En un documento que la Alcaldía de Granada asegura tener indica que el nombre legal del Estadio es Flor de Caña y el supuesto traspaso de dominio al Injude, bajo el nombre de Roque Tadeo Zavala Sandino, no corresponde a la realidad jurídica de la instalación deportiva.
Además —añaden los representantes de la comuna sultaneca— el supuesto traspaso no contó con la autorización de los “verdaderos dueños”.
