Todos los países del mundo tienen una política energética apropiada a sus condiciones particulares. Ya sea que posean petróleo o que tengan fuentes hídricas, geotérmicas, nucleares, etc., o que no tengan ninguna posibilidad de producir energía y la compren en el exterior, lo que no puede faltarles es una política energética de interés nacional.
Nicaragua es la excepción. Aquí se rompe esa regla básica de prudencia y responsabilidad gubernamental, o se aplica al revés, pues en vez de adoptar y aplicar una política energética lo que se hace es politizar el problema que se sufre todos los días y las noches por los cortes de energía eléctrica para uso domiciliar, industrial, comercial y de servicios, incluyendo los de salud.
La crisis energética de Nicaragua es grave pero también muy fácil de entender. Se trata de que la compañía distribuidora (Unión Fenosa) no recibe de las empresas generadoras toda la electricidad que necesita para distribuirla a sus clientes sin interrupciones por cortes deliberados. En efecto, si las empresas generadoras no le proporcionan a Unión Fenosa toda la energía que ésta requiere para cumplir sus compromisos con los usuarios, obligatoriamente se tiene que racionar y ejecutar los apagones que fastidian a la población y dañan la economía nacional.
Pero tampoco es por gusto que las empresas generadoras no le facilitan a Unión Fenosa toda la energía que ésta necesita para garantizarle a sus clientes el servicio eléctrico sin interrupciones. En realidad, así como el negocio de Unión Fenosa es vender electricidad a los consumidores, el de las empresas generadoras es producirla y venderla a la compañía distribuidora. Y no tiene sentido que una empresa deje de generar electricidad y que la otra deje de distribuirla, sólo por capricho o por perjudicar a sus propios clientes y perjudicarse a ellas mismas.
En la raíz del problema de la crisis energética está, en primer lugar, la irresponsabilidad de los políticos gobernantes de Nicaragua, desde 1979 hasta ahora, que por múltiples motivos en vez de facilitar las inversiones y promover la instalación de empresas para la generación alternativa de electricidad, lo que hicieron fue impedirlas. En segundo término, debido al incesante aumento en el precio del petróleo la generación de electricidad es ahora mucho más costosa que antes, y no para de aumentar, lo que hace más imperativo el ahorro del consumo energético y más necesaria la generación de fuentes alternativas. En tercer lugar, las pérdidas que causa la enorme cantidad de conexiones ilegales, así como la falta de una legislación apropiada y de apoyo estatal para combatir el robo de electricidad, no le permiten a Unión Fenosa mantenerse al día con las generadoras.
En fin, esto es un círculo vicioso del que sólo se podría salir si las partes involucradas actuaran con sentido de responsabilidad y acordaran las medidas apropiadas, por duras que sean o que parezcan —pues al fin y al cabo la energía más cara es la que no se tiene—, para poner fin o al menos para aliviar la crisis energética. Pero también para promover en el mediano plazo la generación eléctrica de fuentes alternativas, que permitan al país comenzar a salir de la odiosa y onerosa esclavitud petrolera. O sea para que Nicaragua tenga por fin una política petrolera.
Pero en vez de eso, lo que se hace es politizar el problema energético e impedir que se resuelva la crisis, porque así conviene a los políticos sandinistas y liberales, y personalmente a Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Ciertamente, Ortega debe estar muy feliz con la crisis energética que no se resuelve, porque esto le permite no sólo aprovechar el descontento popular para movilizar el alboroto callejero, sino también para justificar su retórica contra la privatización, la empresa privada y la libertad económica. Y por su parte Alemán, para mantenerse como agente político activo y supuesto factor de agravamiento o solución de la crisis energética, promueve decisiones disparatadas del INE como el nombramiento de un árbitro parcializado en contra de Unión Fenosa.
Hay soluciones a la crisis energética pero por política los pactistas no quieren que se resuelva.
