El gobierno colombiano anunció el viernes que acata la sanción impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que le obliga a pagar una millonaria sanción por la muerte, entre 1996 y 1997, de 19 campesinos a manos de escuadrones de ultraderecha.
“Como siempre, Colombia honrará sus obligaciones internacionales y acatará con respeto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo un comunicado expedido por la Casa de Nariño (sede presidencial).
En el documento, el gobierno de Alvaro Uribe aseguró que “el Estado colombiano recuerda con profundo dolor las masacres de El Aro y la Granja en Ituango, en el departamento de Antioquia, así como todos los padecimientos de desplazados, secuestrados y personas afectadas en cualquiera de sus derechos”.
MASACRES TERRIBLES
Estas masacres, por las que la Corte ordenó al Estado colombiano pagar 3.500 millones de pesos (USD 1,4 millones), ocurrieron en momentos en que el actual presidente ejercía como gobernador de Antioquia, donde queda el corregimiento de Ituango, epicentro de las masacres.
“El Gobierno Nacional espera que la desmovilización de las autodefensas y una aplicación cabal de la Ley de Justicia y Paz —que otorga beneficios a los paramilitares desmovilizados— contribuya al total esclarecimiento de las responsabilidades en estos hechos y a su no repetición”, añadió el gobierno.
