Washington/EFE
En la maraña de cifras que ha levantado en EE.UU el debate sobre la reforma migratoria, ha pasado casi de puntillas la gran aportación que supondrán los impuestos de los inmigrantes a las maltrechas arcas públicas del país.
El programa de legalización, si finalmente es aprobado por las dos Cámaras, dejará un superávit de unos 12 mil millones de dólares en los próximos diez años, según la previsión de la Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), el brazo auditor del Legislativo.
El Senado de EE.UU aprobó el jueves un proyecto de ley de reforma migratoria que puede despejar el camino para la legalización de buena parte de los 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
La rentabilidad de la medida viene asegurada por unos ingresos muy superiores a lo que el Estado desembolsará en prestaciones sociales.
MILLONARIA RECAUDACIÓN
Así, la recaudación prevista en impuestos y tasas de los inmigrantes será de unos 66.000 millones de dólares en los próximos diez años, mientras que el gasto público alcanzará los 54.000 millones, explica un informe de la OPC.
La Oficina prevé que el mayor crecimiento del gasto derivado de la entrada en vigor de la ley se destinará fundamentalmente a la devolución de impuestos y programas como Medicaid, Medicare, la Seguridad Social o los cupones de comida.
Otros, como el seguro de desempleo y las becas a estudiantes también registrarán un aumento, aunque de menor dimensión.
La Oficina calcula que la aprobación de la ley supondría un crecimiento adicional de la población en casi ocho millones de personas hasta 2016.
Más de la mitad de este incremento se debería al nuevo programa de trabajadores temporales, que representaría en torno a 4,3 millones de nuevos habitantes.
En un debate en el que los números se han utilizado como bumerán, las posibles repercusiones económicas de abrir una vía a la legalización a los inmigrantes indocumentados siguen creando divergencias, pese a que la OPC está considerado un órgano fiable e independiente.
La Fundación Heritage (de tendencia conservadora y generalmente próxima a las tesis gubernamentales) publicó recientemente un informe en el que situaba en 16 mil millones de dólares anuales los costes en prestaciones sociales derivados de la ley.
La organización da también por supuesto que, una vez legalizados, los inmigrantes traerían a sus padres, por lo que el gasto público en programas sociales como Medicaid se dispararía en más de 30 mil millones.
Leighton Ku y Stacey Dean, del Centro de Prioridades Presupuestarias y de Política, un instituto de estudios económicos con sede en Washington, refutaron las tesis de la Heritage como «especulativas e infladas».
MUY POCOS SERÁN CIUDADANOS
De hecho, la OPC cree que de los cerca de 12 millones de indocumentados, tan sólo dos tercios se convertirán en residentes permanentes legales, y aún menos se harán ciudadanos de EEUU.
Además, los elegibles para la legalización no podrán alcanzar la ciudadanía hasta al menos 2020, previsiblemente.
Esto lleva a Ku y Dean a concluir que, para el momento en que los inmigrantes puedan tener acceso a la mayoría de programas de ayuda social, su situación económica estará en la mayoría de los casos por encima de lo requerido para recibir las ayudas públicas.
